La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte dio en enero un ultimátum a los dueños del BIC y les concedió un plazo de cinco meses para ejecutar la actuación de acuerdo a la resolución del 3 de abril de 2014 que fijaba cuáles era las intervenciones prioritarias, "centradas en la adopción de medidas de seguridad y en la consolidación de la estructura de la fortaleza".

Fuentes de la administración autonómica han indicado a Europa Press que, ante el "incumplimiento" de los propietarios, se va a iniciar procedimiento administrativo con la imposición de multas coercitivas hasta un montante total de 95.980 euros, lo que equivale "a la valoración económica de las obras de conservación motivo de la orden de ejecución incumplida".

Con anterioridad a la imposición de la primera multa, la Junta va a remitir a los propietarios un requerimiento en el que se les va a notificar la sanción y contra el que pondrán presentar recurso de alzada.

El ultimátum se dio tras el levantamiento de la suspensión cautelar que afectaba a la orden de ejecución dentro del recurso contencioso administrativo interpuesto por uno de los dueños contra las iniciativas de la Junta para hacer cumplir la Ley de Patrimonio de Andalucía respecto a los Bienes de Interés Cultural.

Los trabajos de emergencia deben comenzar con el vallado perimetral del inmueble para garantizar la seguridad ante los desprendimientos al que seguirá la retirada de elementos añadidos a los muros y cubiertas del castillo y en su interior, como placas fotovoltaicas, pérgolas de madera o estructuras metálicas.

La actuación también contempla el refuerzo estructural de la cimentación, empleando hormigón armado resistente a la exposición a un ambiente marino salinizado, y el apuntalamiento de la bóveda que conforma el primer nivel de la torre. Por último, las obras incluyen la consolidación de los sillares y mampuestos de piedra poco estables mediante la aplicación de mortero de cal de características análogas al existente.

La Ley de Patrimonio de Andalucía establece que son los propietarios de los Bienes de Interés Cultural los responsables de sus conservación. La Junta ha ofrecido a los propietarios del Castillo de San Pedro asesoramiento para resolver cualquier duda sobre la ejecución de estas actuaciones prioritarias.

Paralelamente, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz mantiene abierto expediente ante el estado de conservación del patrimonio histórico del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y, en concreto, sobre la realidad de once inmuebles, dos yacimientos arqueológicos y un cargadero de mineral declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación se enmarca en el procedimiento incoado por el organismo a raíz de la queja elevada por las asociaciones conservacionistas 'Amigos del Parque' y 'Amigos de La Alcazaba' que han alertado de la "delicada situación" en la que se encuentran estos elementos patrimoniales.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Por otro lado, continúa sustanciándose en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería un procedimiento que impulsaron los mismo colectivos ante la "inacción" del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por PSOE e IU, con respecto al estado del BIC.

En una vista celebrada en febrero, el consistorio argumentó que la competencia sobre la conservación y rehabilitación del castillo corresponde a la Junta y señaló que la actuación municipal que se llevó a cabo en 2016 se limitó al vallado perimetral de forma subsidiaria por "razones de seguridad de las personas" debido "al peligro inminente de derrumbe" que motivo la apertura de un expediente de declaración de ruina en 2013.

También compareció como parte afectada el propietario Daniel Navarro, quien afirmó que le "encantaría arreglar" el castillo "por supuesto" aunque matizando que "no está obligado". "No es porque yo no quiera pero se están extralimitando queriendo obligarme a hacer unas obras a las que no estoy obligado", dijo para, a continuación, criticar que la Junta, propietaria por ejercicio de retracto del BIC durante un tiempo "hasta que lo perdió en los tribunales", se lo "devolvió hecho una porquería".

Navarro aseguró que durante el tiempo en que estuvo en manos de la Junta, "ni esta ni el Ayuntamiento se preocuparon del estado" del inmueble e indicó que, en 2006, pidió una licencia de obra menor "porque se había caído la mitad del castillo y la Junta decía que tenía que intervenir yo". "La Junta me dijo que hiciera un proyecto de conservación y entonces el Ayuntamiento no me dio la licencia", ha añadido.

La declaración de ruina tramitada en 2013 recogía que los dos elementos de la edificación, compuesta por un edificio de planta rectangular y la torre, de planta circular, presentaban "un importante deterioro" que, en algunas zonas, originan "un grave peligro de estabilidad estructural".

Hacía alusión en concreto a que los muros situados al sur habían perdido "parte de la cimentación" mientras que otras habían quedado "descalzadas por desprendimiento o deslizamiento del terreno de la ladera" sobre el que se asientan. Con respecto al muro de la torre, apuntaba que estaba en "malas condiciones" ya que la estructura vertical de mampostería de piedra "se ha derrumbado casi en la mitad de su perímetro sur".

PELIGRO DE "DERRUMBE INMINENTE"

La asociación 'Amigos del Parque Natural' alertó en julio de 2016 de la "posibilidad" de que se produjera un "derrumbe inminente" en el muro de defensa del castillo, lo que, al margen de la pérdida para el patrimonio histórico, suponía "peligro real" para las cientos de personas que en estos meses estivales visitan este conocido arenal del espacio protegido almeriense.

El colectivo conservacionista se dirigía entonces a la Consejería de Cultura de la Junta para exigirle la realización de las "actuaciones subsidiarias necesarias" para garantizar las seguridad de las personas y también los valores históricos de este BIC dado que las multas coercitivas impuestas a sus propietarios "no están dando un resultado eficaz".

El Castillo de San Pedro es un elemento emblemático en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985 con publicación en el BOE de 29 de Junio. Asimismo, está protegido por las Normas Subsidiarias (NNSS) de Níjar aprobadas en 1996 ya que en su catálogo de cortijos tradicionales protegidos, en relación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural con carácter general, está incluido, con un grado de protección 3º o protección ambiental específica, en la sección de cortijos y edificios históricos singulares.