El acuerdo en materia de inmigración al que han llegado este viernes los jefes de Estado y de Gobierno de la UE decepciona a las ONG, que consideran que las medidas adoptadas continúan poniendo en peligro a las personas que cruzan el Mediterráneo en su intento de llegar a Europa.

La Confederación Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Save the Children, Oxfam Intermon o la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado han mostrado su rechazo a un pacto que prevé la creación de centros de inmigrantes dentro de la Unión "sobre una base voluntaria" y que lanza una advertencia a las organizaciones no gubernamentales: "Deben respetar las leyes aplicables y no obstruir las operaciones de los guardacostas libios".

"Las propuestas referentes a 'centros de control voluntarios' dentro de la UE y 'centros regionales de desembarco' siguen siendo vagas y generan serias dudas sobre la detención de los niños y sus familias. Los solicitantes de asilo deberían seguir teniendo acceso pleno a los derechos que les garantizan la Convención de Ginebra y la legislación europea", denuncia Save the Children.

La asociación plantea que no están claras las localizaciones de las plataformas de desembarco ni las condiciones a las que estarán sometidas las personas que lleguen a ellas. Save the Children teme que puedan "convertirse en centros de detención de facto, y que suponga otra experiencia traumática más para los niños y niñas que acaban de pasar por una travesía tan difícil y peligrosa".

"Nuestra experiencia previa con centros similares a los de detención que han alojado a migrantes y refugiados, por ejemplo, los hotspots o centros de identificación en Grecia, han sido profundamente alarmantes. En situaciones como estas, donde los niños y las familias pueden perder la esperanza rápidamente, Save the Children ha presenciado cómo niños de tan solo 9 años han intentado suicidarse o autolesionarse como consecuencia de la depresión u otros problemas de salud mental", advierte Andrés Conde, director general de Save the Children España.

De "centros de detención de facto" habla también Oxfam Intermón, "una medida que evidentemente ha fallado con los llamados hotspots de Italia y Grecia", coincide. "Este enfoque de la migración es una receta para el fracaso y amenaza directamente los derechos de las mujeres, los hombres y los niños que migran", agrega.

Esta ONG lamenta que las disputas internas en el seno de la UE se hayan intentado resolver "con una mayor reducción del espacio para los solicitantes de asilo y con la pretensión de descargar sus responsabilidades en terceros países".

"El presidente Pedro Sánchez se comprometió a defender los derechos humanos de las personas que se desplazan y a impulsar vías legales y seguras con mecanismos de reasentamiento y reubicación y esto es lo que debería propugnar en el seno de la UE, en lugar de ceder ante las presiones de otros Estados miembros que abogan por crear centros cerrados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras que ponen en peligro estos derechos", censura.

CEAR manifiesta su pesar por el hecho de que los Veintiocho hayan acordado, "una vez más, medidas que ponen en peligro la vida de personas y derechos tan básicos como el de asilo".

La confederación, que tilda de sorprendentes "las declaraciones de satisfacción" de Sánchez, agrega a todo lo expuesto que si las plataformas de desembarco se establecen fuera de la UE "se trasladaría la responsabilidad a países donde no se garantizan el respeto a los Derechos Humanos y no se contaría con un marco legal que garantizase el principio de no devolución a países donde sus vidas pueden correr peligro".

"En caso de que se establecieran las plataformas en espacios de la UE, se aplicarían procedimientos acelerados para determinar quiénes podrían obtener asilo, lo que puede suponer una merma de la garantía en los derechos tanto en la tramitación de la solicitud, como en el acceso a la tutela judicial efectiva", incide.

CEAR plantea que los fondos europeos de asilo deben emplearse exclusivamente en garantizar el derecho de obtener refugio, "no para impedir que lleguen a territorio seguro de la UE", como, asegura, se plantea en las propuestas de la cumbre y lamenta que no se creen vías legales y seguras.

Muy crítica es también la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, para la que el acuerdo "atenta contra los derechos de las personas migrantes".