La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y diputado regional Juan Morales.

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó hoy el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indica que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal, indicaron fuentes judiciales.

En su escrito, la Fiscalía afirma que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la "Operación Tótem" han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.

Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.

De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.

En consecuencia, pide que la Sala proceda al nombramiento de un instructor y que se cite a declarar a Morales, además de solicitar al tribunal que se dirija al Juzgado para reclamarle el envío de todas las actuaciones.

Igualmente, aconseja que se mantenga el secreto del sumario para que la investigación no se vea perjudicada.

Operación Totem 

La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.

De todos los investigados, el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

De asumir la Sala de lo Civil y Penal el conocimiento del caso, procedería al nombramiento de un instructor, que sería, según sus normas de reparto, el magistrado Julián Pérez-Templado, anterior presidente del Tribunal Superior.