"A la vista de los hechos, es difícil enderezar la gestión de una empresa viciada por una presunta corrupción sistémica", ha defendido en un comunicado el responsable de Transparencia y Gobierno Abierto en la Diputación y portavoz del grupo, Roberto Jaramillo.

En 'Alquería' se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015.

Jaramillo ha recordado que VALC ya anunció tras la puesta en marcha de la operación que impulsará la depuración de las responsabilidades políticas y/o judiciales que correspondan de confirmarse las supuestas irregularidades investigadas en Divalterra.

Así mismo, ha apuntado que la formación pidió en diciembre de 2016 la liquidación de la compañía, "epicentro del caso Taula", así como la investigación judicial sobre la gestión del PP en la sociedad en la que hay "decenas de imputados".

Entonces, como diputado provincial, exigió "responsabilidades cuando algunas informaciones periodísticas denunciaron varios procedimientos de contratación y pago de dietas con cargo a la empresa".

"DINÁMICA VICIADA"

"Defendemos las empresas públicas, pero la dinámica de Divalterra, antes Imelsa, está viciada tras el larguísimo periodo del PP en el gobierno", ha manifestado, para recalcar que "la sociedad estaba cuestionada antes y sigue cuestionada ahora, pese al cambio de gobierno". Y ha advertido que "eso no nos lo podemos permitir".

Por todo ello, València en Comú propondrá que la Diputación asuma directamente la gestión de las brigadas forestales que dependen de Divalterra, con más de 500 trabajadores, y el resto de áreas de gestión que "encajen con las competencias y obligaciones" de la corporación.

En cuanto a los derechos del personal y su recolocación en la administración provincial "siempre que sea posible", la formación entiende que "la empresa debe ser liquidada".