
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperado que tras su reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 9 de julio, se empiecen a "restañar las heridas" creadas en Cataluña "por la falta de criterio y estrategia del Gobierno" del PP.
Sánchez ha asegurado este martes que su Gobierno "no va a utilizar el agravio territorial", en una respuesta durante la sesión de control en el Congreso al diputado de ERC Gabriel Rufián, que le ha acusado de emplear una política de "poli bueno, poli malo" alternando sus buenas palabras con los "hooligans Batet y Borrell hablando de enfrentamiento civil", en Cataluña.
"No nos vamos a olvidar de los nueve secuestrados en Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real", ha dicho Rufián en alusión a los políticos en prisión preventiva en la causa del proceso independentista, por mucho que haya "buenas palabras, palmaditas en la espalda, llamadas, cenas, comidas y promesas de cargos".
En su respuesta, el presidente del Gobierno se ha referido sin nombrarla a su próxima reunión con Torra al señalar que "tendemos la mano" a un contacto "sincero y directo entre el Gobierno de España y el govern a partir del 9 de julio" cuando, según espera Sánchez, "podamos abrir un camino que resteñe las heridas en la sociedad catalana".
Ha ignorado así la petición que antes le había hecho el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, para que no se reúna con Torra hasta que se disculpe por sus "declaraciones ofensivas al Rey".
Delito de rebelión para defender la Constitución
No obstante, Sánchez mantiene el compromiso que hizo estando en la oposición para reformar el Código Penal con una revisión del delito de rebelión, que podría aplicarse al proceso independentista si, como defendió en mayo el presidente, se contempla también para "responsables políticos que utilizan su posición para subvertir el orden constitucional".
Así lo ha indicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en otra pregunta parlamentaria, en la que ha recordado que el delito de rebelión data del año 1900 y se ha mantenido en posteriores revisiones del Código Penal como un delito relacionado con alzamientos militares y golpes de estado con un determinado concepto de la violencia.
Ahora, ha continuado, "hay nuevas situaciones, nuevos actores y lo que se propuso en su día por el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno es afrontar estas nuevas cuestiones desde un debate sosegado, tranquilo, contando con el máximo de consenso para defender algo que es nuestra Constitución, que nos marca es espacio de convivencia, que es de lo que se trata", ha explicado Delgado.
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