Esta causa se abrió por la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" desde el Ayuntamiento de Jaén a la empresa Matinsreg.

En el auto de citación al que ha accedido Europa Press se establece que Manuel del Moral fue una de las personas con las que contactaron los responsables de Matinsreg para hacerse con los servicios de mantenimiento de las fuentes ornamentales y de beber en la ciudad de Jaén.

Igualmente, el juez instructor se hace eco del informe de la Policía Judicial donde aparece que Del Moral fue el concejal que dio "el visto bueno" a 99 facturas de las que 76 eran bajo el concepto de mantenimiento de fuentes ornamentales y de beber.

Son estas facturas las que la Policía Judicial concluye que "indiciariamente son falsas puesto que contienen conceptos facturados por trabajos y productos no ejecutados y no empleados respectivamente", facturas que conformadas por el técnico, también investigado, y con el visto bueno del concejal, en este caso Del Moral, "servían de soporte para el cobro de las cantidades indiciariamente malversadas".

Además, el juez ha ordenado al Ayuntamiento la retención de las cantidades que aún se adeudan a Matinsreg por trabajos realizados entre agosto de 2012 y septiembre de 2013 por entender que "podrían tener un origen ilícito" y que "podrían ser el producto de un delito de malversación de caudales públicos".

La investigación judicial abierta se ha ampliado a otras empresas relacionadas con Matinsreg que también realizaron trabajos en la ciudad de Jaén a cargo de las arcas municipales durante los años en los que Fernández de Moya era alcalde de Jaén.

Hasta el momento han prestado declaración ocho investigados ante el juez instructor y entre los que se encuentra el propio Fernández de Moya. El juez instructor establece en el auto en el que ordenaba la declaración de Fernández de Moya y otras tres personas más, que "aparentemente se facturaba de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada, se incrementaban los costes de los productos empleados y la cantidad de los facturados".

De esta forma, se provocó que la diferencia en la facturación soportada por el Ayuntamiento de Jaén por el mismo servicio de conservación de fuentes ornamentales, entre una anualidad por la anterior empresa Imesapi y una anualidad de la empresa Matinsreg "haya generado un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3,6 millones de euros".

Los hechos por los que están investigados podrían constituir, según apunta el juez instructor en su auto inicial, delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación continuada de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El auto recoge que Fernández de Moya como alcalde de Jaén "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén".

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