EUROPA PRESS

Así ha sido decidido en la vista celebrada esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Según ha explicado el nuevo abogado en la comparecencia, el anterior letrado ha comunicado la decisión a su cliente en un correo electrónico recibido esta madrugada.

Ante la complejidad de la causa, el juicio ha quedado aplazado para que el nuevo abogado pueda prepararse, y así garantizar el derecho a la defensa de la mujer.

No obstante, el Tribunal ha advertido a la acusada, con la asistencia de un intérprete, de que no se volverá a suspender.

Los acusados deberán comparecer de nuevo este miércoles en la Audiencia, donde el juicio podría quedar resuelto si las partes consiguen llegar a un acuerdo. Sin embargo, si no es así se deberá señalar una nueva fecha para su celebración, que prevé durar al menos tres sesiones.

En este juicio están acusadas seis personas -cuatro mujeres y un hombre- y la Fiscalía solicita penas que suman conjuntamente más de 50 años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, la principal acusada, una mujer de 33 años y nacionalidad nigeriana, gestionaba los viajes de las víctimas, una de ellas menor de edad, y, una vez en Mallorca, las obligaba a prostituirse en la zona de Playa de Palma.

La Fiscalía explica en su escrito que las mujeres eran traídas al margen de los cauces legales y se les obligaba a prostituirse con el pretexto de pagar la deuda adquirida por el viaje. Además, se les amenazaba diciéndoles que les harían daño a ellas o a sus familias mediante vudú u otras prácticas si no accedían a sus pretensiones.

Algunas de las víctimas han sido testigos protegidos en la causa. Tras una intervención policial, la principal acusada fue detenida y puesta en libertad provisional, tras lo cual se puso en contacto por teléfono con una de las víctimas y le dijo que le iba a pegar por haber declarado ante la Policía.

La testigo fue víctima de un ataque por parte de otra acusada, que seguía las instrucciones de la cabecilla, y también sufrió más amenazas por teléfono.

Por todo ello, el fiscal considera los hechos constitutivos de un delito de trata de seres humanos, prostitución de menores, y obstrucción a la justicia, entre otros.

Por esto, pide a la cabecilla más de 25 años de cárcel y una multa de 5.400 euros.