Fiscalía de Valladolid solicita una condena de tres años de prisión para el vecino de Rueda Francisco Javier P.A. por un delito de estafa sobre su abuela, de 93 años, a la que, presuntamente, hizo creer que firmaba unos papeles para la venta de una era de su propiedad cuando en realidad él pasaba a convertirse en arrendatario de las tierras que hasta entonces venía cultivando.

El juicio, que se celebrará este martes en la Audiencia de Valladolid, analizará hechos iniciados en 2015 cuando la abuela del acusado, en cuyo domicilio residía, le comunicó su deseo de vender una finca de casi 19 hectáreas en Rueda, lo que suponía que él ya no podría seguir cultivándola.

Aunque el procesado propuso a la anciana comprar las tierras, la operación no llegó a cerrarse porque carecía de solvencia, de ahí que finalmente las tierras se anunciaran en prensa a través de una inmobiliaria. Así, se llegó a un acuerdo con una entidad por un precio de más de 161.355 euros, para lo cual la propiedad y los adquirientes concertaron la firma de un contrato privado de arras el día 18 de febrero de 2016.

Sin embargo, como el acusado no quería que se materializara la venta, ya que ello suponía que perdía la posibilidad de seguir cultivando la era, entregó a su abuela unos papeles para su firma con el pretexto de que eran para cobrar las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), a lo que ella accedió sin leerlos y confiada en la buena fe de su nieto.

La acusación pública sostiene que lo que en realidad hizo firmar a su abuela era un contrato de arrendamiento de la finca en virtud de la cual el procesado se convertía en arrendatario para un periodo de once años.

Llegado el día 18 de febrero, cuando la abuela y la madre del procesado se disponían a salir de casa para la firma del contrato, Francisco Javier P.A. les comunicó que no era posible porque él se había convertido en arrendatario, en virtud del contrato que había suscrito la nonagenaria.

Como consecuencia de ello, la firma del contrato de venta hubo de cancelarse y la operación quedó paralizada, sin que haya podido llevarse a efecto hasta el día de hoy, con el consiguiente quebrando económico para las propietarias, que son la abuela y dos hijas de ésta, entre ellas la madre del propio acusado.