El ministro de Agricultura, Luis Planas.
El ministro de Agricultura, Luis Planas. EFE

La Fiscalía de Huelva ha pedido el sobreseimiento de la causa contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, que estaba siendo investigado por la causa que se sigue por la extracción ilegal de agua en el entorno Doñana desde 2009 a 2012 cuando era consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y acusa a trece personas, dos alcaldes de Almonte, y once propietarios agrícolas.

Según el escrito del fiscal, se aprecia en la actuación de los acusados riesgo de daño grave al equilibrio de los sistemas del espacio natural de Doñana por extracción ilegal de aguas subterráneas, por lo que se les imputa delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

El Ministerio Fiscal pide para cada uno de los titulares de las once explotaciones agrícolas tres años y diez meses y una multa de 20 euros durante veinte meses; y para los dos alcaldes -Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP)- dos años y diez meses de prisión y una multa de quince meses con una cuota diaria de 12 euros.

Razones del archivo

El sobreseimiento de la causa contra Planas y dos exsecretarias generales de la Consejería había sido anticipado desde 2016 en tres informes del fiscal del caso por entender que "no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación".

El fiscal señala que "la única conexión de los reseñados investigados es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería, en el caso de las dos exsecretarias".

En este sentido, ha asegurado que, según las declaraciones de los tres como investigados, "no resulta acreditada a nivel indiciario" su participación ni tampoco "una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones y en concreto con los hechos objeto de investigación penal que haya facilitado su comisión". Es más, ha precisado que la propia Junta abrió expedientes sancionadores a las empresas investigadas y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "si bien con poca eficacia".

Por todo ello, considera que no se puede determinar que estas personas "hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados en su conducta delictiva o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento".

Beneficios de hasta 274.000 euros

Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.

Sin embargo, el fiscal ha precisado que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, han venido extrayendo agua del acuífero 27 para regar sus explotaciones, a través de los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA, así como que tanto los titulares de las explotaciones y los citados alcaldes "fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua".

En todas las explotaciones, continúa, "se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en el periodo de 2009 a 2012 y dicha detracción ha alterado el balance hídrico generando un riesgo de daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado y valor ecológico del lugar a nivel mundial".

Sobre el papel de los alcaldes, miembros del Consejo de Participación de Doñana y conocedores del "delicado estado del acuífero", considera que desde que en el año 2007 empezaran a recibir los agricultores acusados la notificación de expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ellos se comprometieron expresamente con dichos acusados a "solucionar el problema y les comunicaron que todo era un error y que ellos se ocuparían de todo y le darían una solución política al tema, de tal forma que permitieron con dicha actitud y posicionamiento que continuase la actividad de extracción ilegal del agua y el daño para el acuífero".

En concreto, según los volúmenes propuestos por la Unidad técnica de la Fiscalía de Sala, estos agricultores obtuvieron beneficios derivados de la extracción ilegal entre 8.500 y 108.000 euros, mientras que, según los volúmenes propuestos por el RD 670/2013 y teniendo en cuenta en beneficio de los acusados la consideración de que existía en todas las explotaciones riego por goteo, alcanzaron unos beneficios entre los 13.200 euros y los 274.000.

La Fiscalía también solicita el precinto definitivo de los pozos-sondeos declarados ilegales y reseñados en la conclusión primera que en un principio se hizo de manera cautelar.

Cabe recordar que esta querella fue elaborada por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente en el marco de sus diligencias de investigación sobre la denuncia de WWF sobre el llamado robo de agua en Doñana convirtiéndose en una causa, de unos 3.500 folios de extensión en la pieza principal y de 1.000 en la pieza de medidas cautelares, declarada compleja y en el que se une el trabajo de muchos profesionales de la justicia y del Seprona.