Para el Ejecutivo de Vitoria, esta decisión "pone en absoluto entredicho" la autonomía política del Parlamento vasco, así como "el autogobierno que de forma legítima e histórica le corresponde a este país".

El Gobierno vasco ni entiende ni acepta la condena. "El Estado español, a través de sus instituciones, está consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición", ha señalado el lehendakari, Juan José Ibarretxe. "No aceptamos que hayan cometido delito alguno. ¡No lo aceptamos!", ha remarcado.

Por su parte, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, considera que la decisión del Supremo refleja "una justicia medieval y predemocrática" y augura "gravísimas consecuencias" en la causa abierta contra el lehendakari por reunirse con la ilegalizada Batasuna. Para Urkullu, algunos estamentos judiciales se han convertido "en refugio y defensa de las ideas y de los grupos de ultraderecha".

Otras reacciones 

El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Pernando Barrena, ha afirmado este martes que la condena del ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa,  "pone patas arriba la pretendida soberanía" de la cámara autonómica respecto a "otros poderes del Estado".

El presidente de CiU, Artur Mas, ha tildado este martes de "partidista" la decisión del Tribunal Supremo y ha opinado que Atutxa actuó de manera "correcta".

Mas ha subrayado: "No diré que la Justicia es una comedia, pero creo que Atutxa actuó de una manera correcta desde un punto de vista estrictamente democrático".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Ejecutivo "acata y respeta" las decisiones de los tribunales y añadió que espera que no abra un "enfrentamiento" entre poderes.