La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella contra cinco exministros, otros dos ex altos cargos y dos empresarios, entre ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, tras descartar cualquier delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, en Castellón.

En un auto conocido hoy, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía al considerar que la obra no responde a una idea "aislada ni peregrina" sino que se debió a una política previamente planeada desde 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.

Tras conocer el auto, el grupo promotor de la demanda, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, han anunciado que recurrirán la decisión.

En concreto, la querella se interpuso por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento, y Elena Espinosa, de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria; Recadero del Potro, presidente de Escal UGS; Florentino Pérez, por la participación del 60 % que tenía ACS; el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, del PP.

La jueza, ha desestimado la demanda al entender que los hechos denunciados no perjudican los intereses de la Administración y no estuvieran al margen del procedimiento establecido, descartando cualquier posible delito de prevaricación. La magistrada señala que la actuación de las personas contra las que se dirigen las acusaciones puede ser discutida jurídicamente, pero recuerda que las discrepancias fueron resueltas por la vía contencioso-administrativa.