Bará y Villares junto a sindicalistas de la Justicia de CUT, CIG y STAJ
Bará y Villares junto a sindicalistas de la Justicia de CUT, CIG y STAJ EUROPA PRESS

Sindicalistas de Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ están citados en los próximos días para declarar ante la Fiscalía de Pontevedra y el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en calidad de investigados por supuestas coacciones durante la huelga de la Justicia, hechos que han vinculado a una "campaña de persecución contra esos tres sindicatos que no obedecieron a la patronal".

En lo relativo a A Coruña, han explicado que fueron a hablar con la secretaria de Gobierno en un piquete informativo y ésta presentó una queja ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El TSXG remitió la denuncia a la Dirección Xeral de Xustiza, que abrió un expediente disciplinar que quedó suspendido porque también el Juzgado de Instrucción ha abierto diligencias previas por coacciones.

En este caso, las personas que figuran como investigadas son la delegada sindical de la CIG, Consuelo Rodríguez, y el delegado de Alternativas na Xustiza-CUT, Javier Fernández, quienes están llamados a declarar el 4 de julio. No obstante, han pedido un cambio de día, ya que ahora mismo están citados a declarar antes los denunciados que el denunciante y piden invertir el orden.

El segundo caso surgió a partir de una denuncia ante el TSXG presentada por un delegado de Ourense del sindicato SPJ-USO por supuestas coacciones el día de la votación del acuerdo. El Tribunal remitió a la Fiscalía de Vigo y de Pontevedra la denuncia, que afecta a Enrique Araujo (de STAJ), Josefina Iglesias y Pablo Valeiras (ambos de AXG-CUT).

Así las cosas, en Pontevedra la Fiscalía ha abierto diligencias contra los tres, y les ha citado para declarar en calidad de investigados el próximo día 26 a las 10,30 horas. En lo relativo a Vigo, han confirmado que "hay diligencias de investigación" pero desconocen "en qué situación están".

Finalmente, Valeiras ha indicado que él también ha sido sancionado con una multa administrativa por supuestamente haber participado en "lo que entienden un 'escrache' a Feijóo" en Santiago de Compostela. "No existió nada", ha sellado.

"REPRENDER A LOS QUE NO OBEDECIERON"

En la rueda de prensa, que han ofrecido este jueves en Vigo varios delegados de los tres sindicatos, acompañados del portavoz de En Marea, Luís Villares, y el diputado del BNG Luís Bará, los sindicalistas han vinculado estos hechos a "una cuestión política de reprender a los que no obedecieron a la patronal, en este caso a la Xunta", al no firmar el acuerdo.

Pablo Valeiras ha remarcado que tienen "muy claro que esto es represión sindical", y que se utiliza la conocida como Ley Mordaza "para atacar y desmontar" las reivindicaciones de los trabajadores. En este sentido, ha mantenido que la huelga de la Justicia "fue ejemplar", con un seguimiento de entre el 80 y el 95 por ciento durante los primeros dos meses.

"Fuimos un ejemplo de cara a otras administraciones, porque en días siguientes abrieron mesas de negociación en enseñanza y sanidad", ha añadido, apuntando a que "el motivo de la represión es que para gobiernos acostumbrados a usar el rodillo (son) un mal ejemplo" porque se negaron "a asumir el mandato".

Valeiras ha recordado que los sindicatos lo que pedían era "rematar con la discriminación de los trabajadores respecto al resto del Estado" y también "mejoras de la Justicia", como crear "106 plazas" para consolidar puestos de interinos. "La reivindicación era justa", ha remachado.

Enrique Araújo ha hecho hincapié en que la Xunta no tuvo "la mas mínima intención de llegar a un acuerdo digno y que acabase bien el conflicto" porque pretendía "que no saliese ese ejemplo"; y ahora, "apoyándose en un sindicato amigo, SPJ-USO, lo que quiere es que acabe la huelga como un mal recuerdo".

"No le valió solo con firmar un acuerdo por detrás, un acuerdo malo, tanto que fue rechazado por la mayoría en votación.... Ahora pretende apretar las tuercas a los demás sindicatos, a los compañeros más activos en esta lucha", ha censurado, antes de añadir que "no es una casualidad, porque el propio Rueda dijo que había habido intimidación y tenía que haber denuncias".

Según ha continuado, "recogiendo ese guante, el sindicato presentó denuncias sobre supuestos compañeros a los que pudo impedírsele el voto o incluso presionar para cambiarle el voto". "Es completamente mentira", ha asegurado, a lo que Valeiras ha agregado que lo que sí hay es un "complot de cuatro sindicatos y la Xunta, y ahora de la Fiscalía".

SINDICATOS ESTUDIAN ACCIONES PENALES

Asimismo, Consuelo Rodríguez ha mantenido, igualmente, que esto es "una persecución sindical" para que los trabajadores permanezcan "callados" y "estigmatizar" a los sindicatos que no firmaron como "los violentos y los que nunca firman". Xosé Barreiro, de CIG, ha agregado que "la represión sindical por parte de la Xunta es muy clara, porque hay medios suficientes para no tener que llegar a este punto".

Ante esto, ha advertido que "la vía penal puede funcionar en los dos sentidos, está abierta para todos". "Aviso a navegantes, porque a lo mejor acaba yendo a declarar algún jefe de servicio o el director xeral, y alguno sale más mal parado de lo que piensa. No es ninguna amenaza, pero que sepan que a este juego podemos jugar los dos", ha apostillado.

En relación a ello, ha insistido en que "este tipo de persecuciones no se pueden hacer" y tampoco se puede "hacer filtración de nóminas y dietas o abrir expedientes disciplinares porque les da la gana". A colación de ello, ha avanzado que "probablemente" inicien acciones penales "para ir contra de los posibles responsables de la administración".

APOYO DE BNG Y EN MAREA

Tanto En Marea como el BNG han trasladado su apoyo a los sindicatos en estas reivindicaciones, y han destacado que la huelga fue "histórica, ejemplar, con seguimiento masivo y unidad sindical"; mientas que "el PP intentó entorpecer las movilizaciones, perseguir a los trabajadores" y "prolongar (el conflicto) artificialmente porque no quería un acuerdo".

Así, Villares ha vinculado esta situación, por un lado a que al PP este "entorpecimiento" le "favorece", pues "no vive su mejor momento en cuanto a Justicia se refiere" y "la no disposición de medios dificulta la mejor investigación de casos pendientes, también los de corrupción y despidos"; y por otro lado a que pretendía evitar el "efecto llamada" a otros trabajadores del ámbito público y privado.

"Si la administración de Justicia triunfaba, el resto de la administración pública iría detrás", ha sostenido, incidiendo en que "es evidente que la persecución como escarmiento tenía que continuar".

"Estamos viendo un plan preconcebido para evitar se ejerzan derechos fundamentales en Galicia y en En Marea estamos dispuestos a llegar hasta el final en la defensa de la clase trabajadora", ha concluido.

Por su parte, Luis Bará ha denunciado también la actuación del Gobierno gallego durante la huelga y la "actual persecución de los sindicatos y del sindicalismo reivindicativo y rebelde, frente a otro más dócil y domesticado que le gusta al PP, para alimentar una estrategia de amedrentamiento y escarmiento".

En este marco, ha refrendado el apoyo del BNG a los sindicatos objeto de esta "persecución", los cuales ha dicho que "están defendiendo a un precio muy alto a la ciudadanía"; y ha anunciado que la formación nacionalista llevará este tema al Parlamento, donde pedirá que comparezcan el vicepresidente de la Xunta y el director xeral de Xustiza.

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