El vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha presentado el nuevo l Plan Estratégico de Inclusión Social, documento por el que el Ejecutivo foral se marca el objetivo de reducción a la mitad de la pobreza severa, cuyo último dato disponible referido a 2015, alcanzaba a un 8,8% de la población.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Laparra ha explicado que se trata de un Plan que ha contado con un importante proceso de participación ciudadana, y que incluye un buen número de propuestas realizadas por los diferentes agentes y entidades sociales que trabajan en la materia. Este Plan, ha dicho, contó con el visto bueno unánime de todas las entidades sociales, sindicales y empresariales presentes en el Consejo de Bienestar Social.

Con este Plan el Gobierno de Navarra se marca el objetivo de reducir a la mitad la pobreza severa que, en el último dato disponible que data de 2015, afectaba en Navarra al 8,8% de la población, de acuerdo con la Estadística de Renta de Navarra que elabora el NASTAT y utilizando el umbral autonómico de ese año (5.150 €).

El Gobierno quiere reducir al menos hasta el 4,4% la pobreza severa, entendida como el porcentaje de personas por debajo del umbral de pobreza, medido como el 30% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas.

El vicepresidente Laparra ha remarcado que "se trata de lograr que la mejora económica y del empleo llegue al conjunto de la sociedad navarra de la manera más equitativa posible, que en avance que está experimentando Navarra no dejemos a nadie atrás".

En materia de empleo, y a través de fórmulas como el empleo social protegido, y el conjunto de políticas activas de empleo, el Ejecutivo foral ha señalado que trata de dar respuesta a las situaciones más graves de personas en paro de larga duración, donde el empleo es un elemento central de su inclusión socio-laboral.

Así, el Plan se marca como otro de los objetivos estratégicos que el 50% de las personas que cobren la Renta Garantizada tengan una oportunidad de acceder a un empleo en los primeros 12 meses y el resto, de entre aquellas personas que estén en situación de trabajar, accedería a un trabajo antes de los 2 años. El vicepresidente Laparra ha asegurado que "es un reto difícil pero esperamos que con todos los recursos públicos disponibles en materia de empleo y la colaboración de las empresas y entidades sociales, sea factible llegar a este objetivo".

El Plan contempla una serie de medidas en materia de vivienda, entre la que destaca la aprobación de una nueva ley que reconozca un derecho subjetivo a la vivienda. En este punto, el Gobierno se plantea ofrecer una vivienda de alquiler social o apoyo para sufragar el coste de la misma, tanto a los jóvenes en su proceso de emancipación como a los colectivos más vulnerables.

En materia de educación, "cuya carencia supone otro de los factores de la exclusión", el Gobierno estudia cómo reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8%, teniendo en cuenta que en 2017 el problema afectaba al 11,3% de la población joven de Navarra y que, con el horizonte de 2020, la Unión Europea marca unos objetivos del 10% para el conjunto de la Unión y del 15% para España, ha detallado el Ejecutivo.

El Plan también aborda reducir la proporción de jóvenes que no está estudiando ni trabajando. Este indicador se situaba en 2017 en el 14,3% para Navarra de acuerdo a la Estadística de Educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el objetivo busca reducirlo por debajo del 10% en la Comunidad foral para la población de entre 15 y 29 años.

En el ámbito de la salud, el Plan se marca como objetivo reducir en un 10% las desigualdades encontradas en el estado de salud de los perceptores de Renta Garantizada. Según el Ejecutivo, el estado de salud de estas personas es sustancialmente peor que el de la población general, evidenciando el fuerte vínculo existente entre las situaciones de enfermedad con la pobreza.

En este sentido, se constata que la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre las personas beneficiarias de Renta Garantizada, factor directamente relacionado con las barreras económicas de acceso a alimentos saludables.

Asimismo, la diabetes es también más frecuente entre este colectivo. De igual forma, es importante incidir en que el 40% de las mujeres mayores de 40 años y beneficiarias de Renta Garantizada presentan o han presentado cuadros depresivos. Por último, remarcar que, desde los 5 años de edad se observa una mayor incidencia del trastorno mental grave en la población perceptora de Renta Garantizada.

El Plan prevé que el conjunto de indicadores tomados, y especialmente estos 6 objetivos estratégicos, "reflejen una mejoría más intensa en aquellos grupos de población especialmente afectados por procesos de exclusión social", ha indicado Laparra: la infancia y la juventud, las mujeres, la población de origen extranjero, la comunidad gitana o los hogares monoparentales, así como en los territorios donde más incidencia se registra actualmente.

El documento presentado supone el primer Plan de Inclusión en los últimos 20 años (el anterior data de 1998) y tiene previsto una vigencia de 4 años (2018-2021), tiene un carácter transversal por su incidencia en varios departamentos de la administración foral y, además de estos, en su elaboración han participado entidades locales, otras de iniciativa social, los servicios sociales de base y personas usuarias de las distintas prestaciones.

PRESUPUESTO DE 186 MILLONES

El Plan de Inclusión Social de Navarra contempla un presupuesto medio anual de 186 millones. El Gobierno ha destacado "el esfuerzo presupuestario en las políticas de empleo y de mejora de las pensiones de viudedad y resto de pensiones bajas, en detrimento del gasto previsto en renta garantizada, gracias fundamentalmente a la incorporación laboral de una parte importante de sus perceptores".

En el capítulo de empleo, se espera pasar de un presupuesto de 12,3 millones a 23,1 en 2021, en materia de pensiones de viudedad y resto de pensiones, alcanzar en 2021 la cifra de 29 millones cuando en 2016 fue de 3,2 millones, y, en materia de renta garantizada, disminuir el presupuesto necesario en 11 millones durante el periodo de vigencia. Por otra parte en el ámbito de incorporación social se prevé un incremento de 3,4 a 5,4 millones anuales.

En materia de vivienda, con una inversión de 15,8 millones durante el periodo de vigencia del plan, destaca la construcción de vivienda social durante los años 2018 y 2019 así como aquellas medidas dirigidas al reconocimiento al derecho subjetivo a la vivienda;

Por último en el ámbito de Educación el presupuesto contempla 41 millones durante el periodo comprendido entre 2018 y 2021, "destacando el refuerzo dirigido a aquellos centros educativos con mayores necesidades de apoyo".