La propuesta de decreto se someterá durante treinta días a trámite de información pública para que entidades y particulares puedan formular alegaciones. La norma fue anunciada ya por el titular de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, en una rueda de prensa ofrecida tras la última reunión del Consejo de Gobierno del pasado mes de marzo.

Según ha informado a través de una nota de prensa este martes el Gobierno asturiano, uno de los aspectos más novedosos es que estarán afectadas desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres.

Con este nuevo decreto el Gobierno del Principado se obliga a realizar planes y programas de inspección ambiental y a garantizar los medios personales y técnicos suficientes para desarrollar las inspecciones ambientales. Además, podrán suscribirse convenios de colaboración en esa materia con la Administración General del Estado y los Ayuntamientos.

El texto concreta las obligaciones de las empresas en materia de control ambiental, con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento que pueden dar lugar a incidentes.

También se establece una regulación para las entidades de inspección y laboratorios acreditados similar a la existente en seguridad industrial, de forma que la Administración pueda supervisar e inspeccionar la labor de estas entidades. Para ello se crea la figura del Organismo de Control Ambiental (OCA).

Por último, se habilita a la Administración a desarrollar instrucciones técnicas y modelos que permitan unificar e incrementar la calidad de los informes que las empresas deben presentar.

PLAN 2018-2020

Por su parte, el Plan de Inspección Ambiental 2018-2020 alcanza a todas las actividades económicas que cuentan con instalaciones potencialmente contaminantes y que operan bajo diferentes autorizaciones ambientales otorgadas por el Principado (unas 2.000 actividades). La

legislación también obliga a contar con un plan autonómico para las grandes empresas que operan con una autorización ambiental integrada, unas 70.

El plan cuenta con un objetivo general y tres específicos y recoge once líneas de actuación. Anualmente se aprobará un programa de inspección ambiental que concretará las inspecciones a realizar ese ejercicio y los criterios de selección de instalaciones, a partir de una evaluación de riesgos específica o en el marco de campañas con objetivos concretos.