La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha señalado que en el pasado 2017 se produjeron 55 muertes de personas custodiadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por personal de espacios de custodia pública o por intervenciones directas. Son 21 más que en el año 2016.

La CPDT ha redactado un informe titulado 'La Tortura en el Estado español', en el que ha precisado que 36 de las 55 muertes se dieron en centros de privación de libertad (prisiones, comisarías y centros de menores). Mientras que las 19 restantes corresponden a espacios públicos (vías públicas, domicilios y Estrecho de Gibraltar, cuando las muertes son resultado de la intervención de las FSE).

Entre 2001 y 2017, se han producido 705 fallecimientos en estas circunstancias, según ha sostenido la coordinadora, que agrupa a medio centenar de colectivos.

"Si bien somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal e incluso que algunas responden a accidentes 'inevitables', creemos que otras responden a negligencias, a fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad física de las personas bajo custodia o a las propias condiciones higiénico-sanitarias de la misma", ha destacado el informe.

27 de los 55 fallecimientos tuvieron lugar bajo custodia de funcionarios de prisiones; 10, bajo custodia de la Guardia Civil; 8, de los Mossos d'Esquadra; 4, de la Policía Local; 4, de la Policía Nacional; y los dos restantes, en centros de menores.

Tal y como refleja el informe, en 2017 se produjeron 224 situaciones en las que 1.014 personas denunciaron haber sufrido torturas, malos tratos o tratos degradantes bajo custodia de funcionarios o en el transcurso de intervenciones policiales.

De ese total de personas que denunciaron torturas, el informe recoge que 287 fueron inmigrantes.

Además, la CPDT ha resaltado que, durante la jornada del 1 de octubre, se concentraron 541 de las personas afectadas.