Junta licita la finalización del soterramiento a los muelles comerciales de Garrucha por 829.000 euros

  • La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos del Estado (APPA), ha sacado a licitación las obras de finalización del soterramiento del acceso a los muelles comerciales del Puerto de Garrucha (Almería) por un importe de 829.136 euros, IVA incluido.
Accesos al puerto de Garrucha
Accesos al puerto de Garrucha
JUNTA DE ANDALUCÍA
Accesos al puerto de Garrucha

Según la memoria justificativa del proyecto, consultada por Europa Press, el objetivo de la actuación es complementar las instalaciones necesarias para la adecuación del soterramiento del puerto de Garrucha de manera que se mejoren los requisitos de seguridad para túneles de revestimiento de paramentos vistos, el suministro eléctrico, las instalaciones de seguridad en el túnel y el control de accesos.

Las previsiones de la Administración andaluza pasan por que la actuación, que tiene una duración aproximada de seis meses, comiencen en el mes de agosto, si bien la licitación de los trabajos se anunció solamente hace unos días y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de julio.

Cabe recordar que a mediados de 2016 la Junta finalizó las obras de soterramiento, que consistieron en la construcción de un falso túnel para facilitar el acceso del tráfico pesado a la parte comercial del puerto, infraestructura que cuenta con una longitud de 247 metros y todos los elementos de seguridad reglamentarios, como sistema de alimentación ininterrumpida, extintores y señalización.

La Consejería de Fomento y Vivienda reactivó las obras de soterramiento del acceso al puerto de Garrucha, cuyo presupuesto total es de 7,4 millones de euros, en el mes de octubre de 2014. Esta actuación se encontraba dentro del paquete de obras que la Consejería de Fomento y Vivienda retomó tras el parón de la crisis al encontrarse en un nivel alto de ejecución y tener especial interés social para los habitantes de la zona.

Las nuevas obras están cofinanciadas en un 80 por ciento con fondos Feder y conllevan como condición especial de ejecución de carácter social la contratación de al menos una persona desempleada de entre los colectivos en riesgo de exclusión laboral entre los que figuran menores de 30 años, mayores de 45, parados de larga duración o mujeres en desempleo, entre otros.

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