Por su parte, la Consellería de Sanidade insiste en que el Sergas sólo asume, y asumirá, esta práctica «en los casos que marca la ley», es decir, cuando existe grave peligro para la vida o salud física o psíquica tanto de la madre como del niño, o bien cuando el embarazo ha sido consecuencia de un delito de violación.

Una semana después de haberse manifestado en Vigo, el colectivo feminista quiere ampliar el ámbito de la protesta y ha convocado para mañana concentraciones en cinco ciudades gallegas. Bajo el lema Aborto libre y gratuito en la sanidad pública se prevén manifestaciones en Santiago, A Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo.

No más juicios

Según el grupo feminista, si se permite abortar libremente en los centros públicos, se acaban las denuncias en los juzgados, ya que esta situación se produce cuando se aborta en clínicas privadas.

Por otra parte, la Marcha Mundial das Mulleres quiere difundir unos formularios de autoinculpaciones para solidarizarse con las mujeres que han sido llamadas a declarar por haber abortado en clínicas privadas. Además, ayer empezó una recogida de firmas en el campus de Ourense para apoyar a las mujeres que están siendo investigadas.

Sanidade asumió 79 casos

Según datos del Ministerio de Sanidad, los hospitales públicos gallegos practicaron 79 interrupciones voluntarias de embarazos en 2006. Esta cifra supone una ínfima parte del total de abortos, que en ese año ascendió a 2.482 en toda la comunidad. De todas las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo, 667 ya lo habían hecho en anteriores ocasiones y, dentro de este grupo, 168 eran menores de 25 años. En ese año sólo se registró un caso por violación, 109 por riesgo del feto y 2.369 debido a la salud de la madre.