PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos han apostado por realizar cambios en la política penitenciaria mientras el PP vasco ha advertido de que los presos de ETA "no son autónomos" a la hora de tomar sus decisiones. Asimismo, ha incidido en que la ley exige a los reclusos reconocer el daño causado, pero también "colaborar con la justicia y resarcir las responsabilidades civiles".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a un posible acercamiento de reclusos de ETA a cárceles de Euskadi y la influencia que en ello pueda tener el nombramiento del socialista Jesús Loza como nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco.

En este sentido, el parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha señalado que "parece que algo empezamos a avanzar" y ha valorado que esta semana en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco "se avanzó aunando al PSE de manera definitiva", mientras "EH Bildu apelaba al reconocimiento del daño causado para empezar a hablar".

"Sabíamos que era una mayoría social la que solicita una aproximación de los presos a sus familias, ahora es una mayoría política en el Parlamento", se ha congratulado.

Asimismo, ha considerado que nombramientos como el de Jesús Loza "alientan el aire bueno" para que se "pueda avanzar", aunque ha advertido de que "una cosa es la voluntad que se tiene y otra "la capacidad de enfrentarse a críticas una vez que se forma parte del aparato del Estado".

"Yo les veo capaces de consensuar un avance de acercamiento de presos por ser una demanda social, política y humana. Se trata de no incrementar más castigo del que tienen. El acercarlos a las familias no contraviene el ordenamiento jurídico, todo lo contrario", ha afirmado.

Por último, ha resaltado que "no se puede hablar del acercamiento de presos como un beneficio penitenciario porque no lo es". "Simplemente se les traslada más cerca de las familias. Si se entiende como beneficio, lo contrario es un castigo", ha finalizado.

EH BILDU

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha reconocido que ve el futuro con "cierto optimismo", ya que hay cosas que empiezan a evidenciar que "hay movimientos y las cosas pueden cambiar".

A su juicio, el "conflicto armado" vivido en Euskadi ha dejado "dos temas no resueltos" como son el de "los presos y el de las víctimas de las diferentes violencias", y ha valorado que junto al acuerdo parlamentario alcanzado esta semana en la Cámara vasca para acercar a los presos "haya proliferación de declaraciones de los representantes del PSE en la misma dirección".

"El principal problema no está en la sociedad vasca sino en la pedagogía que hay que hacer en la sociedad española para que entiendan esta cuestión. Hay que ser respetuosos con los tiempos que el Gobierno central ponga encima de la mesa siempre y cuando entendamos hay voluntad de afrontar esta cuestión", ha indicado en referencia al fin de la "dispersión".

Por último, ha lamentado que "al Partido Popular se le paró el reloj hace tiempo y se está convirtiendo en un partido fósil, quedándose en la marginalidad".

"No hay acuerdos entre la izquierda soberanista y el PSOE y para ello no hay más que ver el nombramiento de Grande-Marlaska. Los socialistas con su nombramiento ha querido marcar distancia, marcar el terreno", ha afirmado en referencia al nuevo ministro de Interior.

ELKARREKIN PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, la parlamentaria Edurne García ha afirmado que la política penitenciaria debe cambiar por ser "injusta y porque lo pide una mayoría". "Es una necesidad desde el punto de vista de los derechos humanos no una contrapartida", ha defendido.

Asimismo, ha señalado que con el fin del alejamiento "se debe dar fin a la orientación vengativa de la política penitenciaria que no ha tenido sentido". "Esperemos se den las bases para dialogar y llegar a acuerdos sobre estas cuestiones", ha añadido.

En este contexto, ha considerado que el nombramiento de Jesús Loza como delegado del gobierno en Euskadi puede abrir "espacios de encuentro", ya que "hay que acabar con la política de dispersión".

Por último, ha realizado, "sin que sea un condicionante", un llamamiento a los presos de ETA para que "avancen en el reconocimiento de que matar estuvo mal".

PSE

Por su parte, el parlamentario del PSE Eneko Andueza ha reconocido que le sorprende que sea casi "un acto reflejo el nombrar un delegado del gobierno y que todo se centre en la cuestión" de la política penitenciaria cuando su papel "es inmensamente más amplio".

"El nombramiento de Loza es un acierto. Es un perfecto conocedor de todo lo que ha pasado en Euskadi", ha valorado, para añadir que los socialistas no han variado de opinión y tienen "la firme convicción de que debemos seguir aplicando aquello que en su momento aplicó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero", en referencia a la denominada 'Vía Nanclares'.

"Hicimos posible, desde la legalidad, que hubiera un cauce, un camino, un protocolo para que los presos de ETA, reconociendo el daño causado, tuvieran un recorrido a su reinserción social", ha indicado.

Por ello, ha subrayado que el Gobierno central "pondrá los instrumentos para que esa vía coja fuerza y, desde el reconocimiento del daño", los presos "puedan acogerse a ella y pueda darse un acercamiento".

Asimismo, ha negado que haya "concesiones al mundo de la izquierda abertzale" por parte de los socialistas y ha abogado por ser "responsables y avanzar por el bien de este país y no por los intereses de cada uno".

PP

Por su parte, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha recordado que los presos de ETA, "como los demás reclusos que cumplen condena, lo están porque han sido juzgados y condenados con todas las garantías del estado de derecho".

"No se puede equiparar a víctimas y presos, a asesinos y asesinados", ha sostenido, para añadir que los presos pueden estar sujetos a beneficios penitenciarios al ser una cuestión "perfectamente regulada en la ley y a ella deberíamos ceñirnos".

En esta línea, ha recordado que la ley exige el reconocimiento del daño causado, colaborar con la justicia -"porque hay más de 300 crímenes sin resolver"-, así como "saldar las cuentas pendientes" y todas estas cuestiones deben "aplicarse de forma individualizada".

"El acceso a beneficios penitenciarios siempre han estado condicionadas por el entorno de ETA que ha ejercido un control férreo sobre los presos y no les ha dejado avanzar", ha resaltado.

A su juicio, en la actualidad "sigue existiendo un control de los presos y para nada son autónomos en sus decisiones". "No vamos a pensar ahora que los presos de ETA son autónomos. Hay un control claro en las decisiones que se toman", ha finalizado.