Vivienda en alquiler.
Vivienda en alquiler. EUROPA PRESS

"Burbuja de alquiler hay, no la negamos" ha aseverado el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, que puntualizó que esta situación es especialmente grave en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.

Para "revertir" esta situación, Calvet explicó que el Govern quiere modificar la ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, una ley que tumbó el Tribunal Constitucional y que es una de las normas que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pondrá sobre la mesa durante la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por ello, el consejero aseguró que "tendremos un conflicto"» con el Estado pero dejó claro que el Govern ya ha tomado la decisión y que tiene las competencias para ampliar los contratos de alquiler "de los tres años actuales a cinco años, e incluso llegar a los diez años" y hacerlo "lo más rápidamente posible".

Desde el Govern explican que el paso de los contratos de alquiler de 5 a 3 años, que aprobó el Gobierno del PP, se hizo en un momento de recesión económica y que ahora la situación es diferente y por eso se ha convertido en "una trampa por el inquilino, porque sube el precio del alquiler y expulsa a las familias" de su casa, lamentó el consejero Calvet.

1.800 pisos destinados a alquiler social

La Generalitat ha anunciado además ayudas de 250 millones de euros para la construcción y la compra de pisos para destinarlos a alquiler social. Se trata de dos líneas de crédito que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF)y la Agencia de Vivienda de Cataluña destinarán a ampliar el parque de vivienda pública destinada al alquiler social que actualmente es de 17.000 pisos en Cataluña (un 2% del total de vivienda). «Corregir el mercado en materia de vivienda es una inversión» aseguró el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès.

La vía de crédito de 250 millones de euros se divide en dos acciones. La primera de 110 millones de euros se destinará comprar, por la vía del tanteo y retracto, 1.800 pisos provenientes de desahucios antes de que los compren fondos de inversión para especular y se cederán a entidades sociales.

En este caso, los inquilinos solo pagarán 30 euros al mes cuando los ingresos estén por debajo 1,86 veces del Indicador de Renta de Suficiencia (569,12 euros mensuales) y la Generalitat se hará cargo de la diferencia entre los 30 euros y los gastos del préstamo que serán de un máximo de 420 euros al mes. Pasados 75 años, los pisos devolverán a la Generalitat.

La segunda acción, de 140 millones de euros, está destinada a financiar la construcción de un millar de viviendas de alquiler social destinada a promotores privados y públicos. Las viviendas se tendrán que construir en algunos de los 152 municipios que han acreditado una fuerte demanda, según el Plan Territorial Sectorial de Vivienda.

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