La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha explicado que el pasado martes conversó telefónicamente con la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, para fijar un listado de temas que deberían abordar las dos administraciones y que sirvió también para el inicio de un trabajo preparatorio de una reunión entre Uxue Barkos y el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una de las principales reivindicaciones de Barkos a Sánchez será, como ya le adelantó la propia presidenta en una carta y en conversación telefónica, que "se superen de una vez por todas los límites de la ley de estabilidad presupuestaria y que se permita a Navarra poder llevar a cabo inversiones importantes gracias al superávit del año pasado".

Barkos, en respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento de Navarra, ha afirmado que la Unión Europea ha señalado que "un cuerpo normativo que obliga a la estabilidad presupuestaria no necesariamente ha de ser aplicado como el Gobierno de España lo ha hecho".

La jefa del Ejecutivo foral ha confiado en que "antes de que lleguen las vacaciones de verano pueda haber ya una decisión tomada" para poder ejecutar estas inversiones con el superávit disponible.

Uxue Barkos ha señalado que la mayoría que ostenta PP y Ciudadanos en la Mesa del Congreso está "paralizando" cambios en la ley de estabilidad presupuestaria, pero ha señalado que "caben actuaciones a través de decretos por parte del Gobierno central para sortear los vetos del Congreso".

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha valorado que "se ha producido un cambio positivo en el Gobierno central y ahora vamos a poder contrastar si políticas que son claves de bóveda del anterior Gobierno del PP, con un contenido muy antisocial, pueden entrar en una fase reforma o al menos de flexibilización en la interpretación de su aplicación, y uno de los elementos clave es la ley de estabilidad presupuestaria".

Nuin ha criticado que "con esta norma, comunidades y ayuntamientos que contaban con recursos se han encontrando con un muro que impide la movilización de estos recursos en favor de la ciudadanía". "Esto es lo que hay que cambiar. No se entendería que no hubiera una posición favorable a una modificación o a una interpretación flexible de la norma", ha señalado.