Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga
Ignacio Diego y María José Sáenz de Buruaga PP CANTABRIA - Archivo

Los promotores de las demandas de nulidad del Congreso del PP cántabro por supuestas irregularidades han expresado su disconformidad con la sentencia que las desestima y que avala la legalidad del proceso congresual y estudiarán la posibilidad de recurrirla.

Así lo han anunciado horas después de hacerse pública la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander ambas partes demandantes en este proceso judicial, que han sido, por un lado, tres afiliados del PP de Laredo y, por otra, miembros del entorno afín al expresidente regional y del partido, Ignacio Diego, entre los que figura el diputado regional Santiago Regio.

LOS 'DIEGUISTAS'

Precisamente, este entorno afín a Diego ha mostrado su respeto ante la sentencia que avala el proceso en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida líder de los 'populares' por cuatro votos, aunque no comparten el fallo conocido este miércoles por lo que van a estudiar recurrirlo.

Lo ha trasladado así, a Europa Press, el diputado Santiago Recio, que firmó una demanda junto a la teniente de alcalde de Valdáliga, Lorena García, en tanto que la otra fue rubricada por afiliados del partido en Laredo.

En declaraciones a esta agencia, el 'dieguista' ha diferenciado que "una cosa es respetar y otra compartir", y ha avanzado que analizará la resolución judicial con su abogado y otras personas -"profesionales en la materia, no políticos", gente de su "confianza", ha dicho- antes de decidir si presentan o no recurso, para lo que tienen un plazo de veinte días.

La sentencia, dictada por el juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, desestima las dos demandas de nulidad del XII Congreso del PP de Cantabria, celebrado el 25 de marzo de 2017, y avala la cita, al concluir la titular del órgano judicial, Eva Aja, que no concurren los requisitos para anular el proceso.

En el fallo, que no es firme y se puede recurrir ante la Audiencia Provincial, se ha conocido un mes después de celebrarse el juicio, en el que declararon, entre otros testigos, 'Miguelín', el afiliado pejino desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de más de 500 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes era discapacitado intelectual- o la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, además de otros miembros y cargos públicos del partido.

En una primera valoración tras la notificación de la sentencia, este mismo miércoles, Recio ha apuntado que si bien respeta la sentencia no comparte el contenido de la misma, en el sentido que se reconocen y dan por probados una serie de hechos, como los citados pagos masivos, realizados a nombre del afiliado de Laredo sin que el los realizara, por lo que "alguien suplantó su personalidad" y, sin embargo, "no pasa nada" y "no es suficiente para anular el congreso".

"La jueza ha interpretado a su forma de ver los hechos y ha resuelto lo que ha resuelto", ha comentado el diputado, que dejó el comité organizador del Congreso para apoyar la candidatura de Diego y que no comparte el fallo, más "viviendo como he vivido, en primera persona, todo lo que ha pasado".

Pero no es el único porque, según ha dicho, en lo que va de día ha recibido "muchos mensajes de indignación" por unos hechos que se reconocen como probados en base a la documentación aportada "con antelación" a la vista oral y que "no ha servido ni para echar un rapapolvo a lo que han hecho".

En este sentido, el que fuera director de Turismo con el Gobierno de Diego ha insistido en los mensajes de "frustración" que le han ido llegado, aunque ha recomendado al respecto que "en caliente no se puede tomar ninguna decisión", sino que hay que esperar a "templarlas" e incluso "enfriarlas", y adoptarlas "con tranquilidad", porque "no corre ninguna prisa" además.

Así, "en principio", y por ejemplo, Recio no se va a dar de baja del PP, sino que prefiere ir "paso a paso", y empezar por estudiar la posibilidad de recurrir la sentencia -o ver si la otra parte demandante presenta recurso-, conocer el resultado del mismo y decidir luego si su "futuro" está "dentro o fuera del partido.

Al hilo de lo anterior, el diputado cántabro ha evidenciado que la formación atraviesa un momento "muy convulso" y no solo a nivel regional, sino sobre todo en el ámbito nacional, después de que la moción de censura del PSOE desalojara a Mariano Rajoy del Gobierno y se haya abierto la sucesión al hasta ahora presidente del partido.

LOS TRES AFILIADOS DE LAREDO

Por otra parte, los tres afiliados del PP de Laredo promotores de la otra demanda de nulidad han mostrado, en un comunicado, su "inicial disconformidad" con la sentencia, en la que aprecian "algunas incongruencias y omisiones", y estudiarán la posibilidad de recurrirla.

Estos tres afiliados han considerado "sorprendente" algunas de las manifestaciones de la jueza en relación a 'Miguelín', el afiliado de Laredo, según los demandantes con discapacidad intelectual, que abrió la cuenta desde la que afines a la candidatura de Sáenz de Buruaga pagaron cuotas de terceros permitiéndoles así que participaran en la votación.

Así, llaman la atención en el hecho de que la juez afirme en la sentencia no disponer de datos suficientes para determinar su mayor o menor grado de capacidad intelectual de 'Miguelín' y que, sin embargo, en juicio, celebrado el pasado 15 de mayo, ordenara desalojar la sala de vistas a todo el público y la prensa "imposibilitando el derecho del ciudadano a la publicidad de los juicios y el de libertad de información de los medios de prensa".

Además, han señalado que la juez no admió el informe administravo que "acreditaba el retraso mental" de este afiliado.

También respecto a 'Miguelín', destacan que la jueza no haya mencionado la "suplantación" de identidad de este afiliado denunciada o la "falsificación de su firma" en ingresos efectuados en sucursales bancarias para el pago de las cuotas.

Por otra parte, los tres afiliados del PP de Laredo han afirmado que les "extraña mucho" que no se acoja en la sentencia la, a su juicio, "evidente vulneración" que se produjo de la Ley de Protección de Datos.

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