Juana Rivas pedirá este jueves, por estar de baja médica el abogado defensor que quiere que la represente, la suspensión del juicio por dos delitos sustracción de menores previsto en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, por el que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de prisión.

Tanto el letrado José Estanislao López, que padece una úlcera que le impide desplazarse desde Sevilla, como Juan de Dios Ramírez han ejercido a lo largo de la causa como representantes legales de Rivas, vecina de Maracena (Granada), que quiere que sea el primero de ellos quien la defienda durante la vista oral.

No obstante, López ha informado hoy de que no podrá acudir mañana al juicio por estar oficialmente de baja médica, lo que ha acreditado de forma documental y forense, mientras que Ramírez ha trasladado al juzgado en un escrito que ya se había desvinculado del caso y no ha tenido tiempo suficiente para preparar el juicio.

Este último letrado comunicó además que quiere respetar la voluntad de Juana Rivas, quien tiene "depositada exclusivamente" la confianza para la defensa en esta causa y de sus intereses en el abogado José Estanislao López.

El Tribunal Superior de Justicia andaluz ha informado de que el juez, quien ya trasladó a través de una providencia reciente que no había lugar a la suspensión pedida con anterioridad por López al poder hacerse cargo de la causa Ramírez -que también estaba designado como defensor-, mantiene de momento la vista para este jueves.

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada celebrará a partir de las 9.30 horas los juicios que tiene fijados y, el de Juana Rivas, comenzará cuando concluya uno previo, según el TSJA, que ha recordado que, como en cualquier vista, la de mañana también podría sufrir retrasos o aplazamientos.

En el juicio contra Juana Rivas está acordada la declaración de una decena de personas, entre peritos y testigos, como la de su expareja y padre de sus dos hijos, el italiano Francesco Arcuri, quien en caso de que finalmente se celebre la vista oral declarará a través de videoconferencia desde Cagliari, donde se encuentra con sus dos hijos.

Precisamente en un tribunal de esa ciudad italiana, en la región de Cerdeña, han concluido esta misma semana las pruebas periciales acordadas en otro procedimiento civil que se sigue allí por la custodia de los hijos de Rivas y Arcuri.

Además de cinco años de cárcel, la Fiscalía solicita contra Rivas la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de seis años, mientras que Arcuri pide la misma pena de prisión, la pérdida de la patria potestad durante ocho años y que lo indemnice con 30.000 euros por daños materiales y morales.

La Fiscalía señalaba en su escrito de acusación las cinco instancias judiciales que, a lo largo de nueve meses, requirieron a Rivas con distintas resoluciones la obligación de devolución de sus dos hijos a Italia, país de su residencia habitual con el padre.

Rivas, acusada de permanecer en el verano de 2017 un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, mantiene que no ha cometido delito alguno, por lo que se considera exenta de responsabilidad.

La mujer ha justificado en reiteradas manifestaciones públicas y judiciales que intentó actuar para proteger a sus dos hijos frente a Arcuri, que fue condenado en 2009 por lesionarla y al que denunció nuevamente por maltrato en julio de 2016, denuncia que ya ha llegado a la justicia italiana.