Según informa la formación Es Cacabelos, la Fiscalía considera que los dos acusados "confeccionaron de mutuo acuerdo y a sabiendas de faltar a la verdad", un certificado en el que constataban que no se había encontrado documento relativo a si desde el año 2001 a la actualidad todos los funcionarios que se encontraban en incapacidad temporal y durante la totalidad de la duración de esta situación percibía el cien por cien de sus retribuciones respecto al mes anterior al de causar baja, al igual que el resto del personal laboral o contratado al servicio del Ayuntamiento.

Asimismo, señala que ambos omitieron "tanto el envío como la mención

alguna de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento que durante el periodo señalado en el certificado si habían percibido el cien por cien de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja".

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para Adolfo Canedo y cuatro para la exsecretaria interina, así como inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria de ayuntamiento durante el tiempo de tres años y una multa de 20 euros diarios durante doce meses.

El delito de falsificación de documentos públicos por parte de un alcalde está penado, según el artículo 390 del Condigo Penal, con prisión de tres a seis años, con multa de seis a 24 meses, y con inhabilitación de dos a seis años.