Los Centros de Internamiento de Extranjeros se crearon para controlar los flujos migratorios, frenar la llegada de inmigrantes y agilizar las devoluciones. A día de hoy, no cumplen ninguna de sus funciones: en 2017 entraron irregularmente en España 28.572 personas, un 49% más que en 2016; y de las personas ingresadas en un CIE, el 62% no llegaron a ser expulsadas. A pesar de su probada ineficacia, estos centros -muchos de ellos antiguas cárceles- siguen reteniendo a inmigrantes.

El plazo máximo de detención son 60 días, si una vez cumplido este plazo los inmigrantes no han podido ser identificados son puestos en libertad. Cristina Mazanedo, abogada de la organización Pueblos Unidos ha explicado a 20minutos.es que las personas que son expulsadas de estos centros salen igual que entraron: "Cuando salen se encuentran en un limbo, no tienen ningún derecho, ni pueden ser repatriados".

La abogada explica que España debería tener un 'tolerate status' como tienen otros países. "Si una persona no puede ser expulsada debe facilitarse algún tipo de documentación que temporalmente le permita la estancia en el país", así lo indica la directiva de retorno europea, afirma Manzanedo. Además, la ineficacia de estos centros está derivando en otras prácticas mucho menos garantistas: "Cada vez hay más expulsiones desde calabozos, sin tener que poner a disposición judicial y en plazos de 72 horas desde que se les detienen".

Los CIE llegaron para cambiar la legislación española. Sería la primera vez que en España se podría privar de libertad a una persona sin haber cometido ningún delito. "La mayoría de personas que están internadas no deberían estarlo". Lo confiesa Pep Buade director de la Fundación Ceimigra y autor del último informe del Servicio de Jesuitas a Migrantes: "Son personas que sufren y es un sufrimiento inútil".

Durante las visitas que la organización SJM ha realizado a estos centros ha sido testigo de cómo muchos de los internos con enfermedades mentales o físicas no reciben tratamiento: "Lo que realmente nos preocupa es el trato sanitario". Según detallan en el informe de SJM, los médicos de los CIE se limitan a prescribir analgésicos, calmantes, paracetamol..., sin derivar a especialistas (traumatología, oftalmología, psicología/psiquiatría).

Pero el derecho a una atención sanitaria adecuada no sería el único que se estaría vulnerando. Cristina Mazanedo, asegura que muchos de los internos tienen grandes dificultades para poder comunicarse con sus familias: "Hasta hace muy poco los teléfonos móviles estaban prohibidos". Manzanedo, relata que las ONG no tienen "nada fácil" poder acceder a las instalaciones de los CIE de Madrid y Barcelona; y además los internos no tienen un sistema que garantice que sus quejas llegarán al juez de control. "¿Cómo vamos a saber qué derechos se vulneran, entonces?" se pregunta la abogada.

Durante el 2017 fueron muchas las noticias que pusieron en tela de juicio las condiciones en las que se encontraban las personas recluidas en los CIE. Un inmigrante fue hallado muerto en la cárcel de Archidona; otros se quejaron por el frío al pasar casi todo el día en el patio en noviembre y no tener mudas para cambiarse; y dos policías fueron juzgados por agarrarlo del cuello y arrojarlo contra la pared, tal y como aseguró el fiscal.

Los abusos de autoridad, según Buade son los menos habituales, pero para Cristina Mazanedo sigue siendo un tema de los más graves : "Ha habido denuncias judiciales con muchas dificultades de que prosperen, no porque se haya probado que no hubo agresiones si no por imposibilidad de saber qué paso exactamente".