Esto se produce a raíz de la denuncia remitida a la Fiscalía del Área de Marbella por parte de dos concejales del grupo municipal del PP, en la que señalaban una serie de facturas que habían recibido reparo del interventor municipal durante 2015 y 2016. El ministerio público vio indicios de delito y la remitió al órgano judicial.

En este sentido, los denunciantes señalaban, según consta en un informe de la Fiscalía en el que se acuerda remitir las diligencias la juzgado, que figuraban facturas por unos servicios de tenis y padel "sin concretar en las facturas, ni días de clase, ni horas, ni número de alumnos".

Además, facturaba también como monitor de la escuela de fútbol municipal, "sin que les conste de forma oficial que desempeñara dicha actividad", y, supuestamente, las facturas emitidas por el monitor deportivo en 2015 ascendieron a un total de 30.196 euros; las de 2016, a 31.693 euros; y las de 2017, a casi 29.000 euros, recoge el documento.

Los denunciantes aportaron, según señala el fiscal, cinco informes de fiscalización del interventor municipal referidos, entre otros, a los pagos realizados a este monitor, "todos ellos fiscalizados con reparos".

Asimismo, aportaron otros documentos, como el decreto del alcalde, en el que "tras referirse al informe de fiscalización previa de Intervención, levanta el reparo en relación con los servicios realizados de actividades culturales, deportivas y de ocio" del monitor y otra persona "porque es necesario mantener dichos servicios en tanto se realiza el oportuno procedimiento licitatorio".

Estos servicios salieron a licitación, contrato que se adjudicó a una empresa por un importe inferior al propuesto por el monitor, quien, según se apunta en el informe del fiscal, interpuso una reclamación por despido improcedente como falso autónomo.

Ante esto, el fiscal consideró que podría haber indicios de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación, instando al juzgado a que pidiera al Ayuntamiento de Casares que remitiera, en caso de existir, los contratos entre el Consistorio y el profesor de deportes desde 2015 a 2017 y la documentación que acredite los pagos.

El fiscal solicitaba también los informes en los que interventor municipal presenta reparos contra la contratación del monitor y copia de los decretos en los que el alcalde los levanta; así como una copa del expediente de la adjudicación de los servicios de clases de tenis, padel y fútbol-7. Pedía también que el monitor de deportes preste declaración en calidad de investigado.

El alcalde, José Carrasco (IU), ha asegurado a Europa Press que "siempre" ha actuado "con transparencia, tanto en este asunto como en otros" y que en este caso "lo único que hizo es permitir que continuara ofreciéndose el servicio a la ciudadanía mientras salía el nuevo pliego de contratación".

Consulta aquí más noticias de Málaga.