En una nota, De la Fuente, tras conocer el contenido del informe, que ya ha sido entregado a todos los consejeros y a la vista de las conclusiones, ha señalado que espera que el Consejo "apruebe poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos relativos al Observatorio de Responsabilidad Social y al grupo de investigación referido en las facturas".

El presidente de la empresa municipal espera su aprobación "teniendo en cuenta que en el informe jurídico se aprecia indicios de que estos hechos, presuntamente, podrían ser constitutivos de delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a ente público a la par que hace referencia a falsificación documental tras las información aportada por la Universidad de Cádiz (UCA) en su informe de respuesta a las preguntas remitidas por Aguas de Cádiz el pasado mes de abril".

De la Fuente ha explicado que "ante la contundencia de toda la información que se ha venido poniendo a disposición del Consejo y la aparecida en los medios de comunicación, y ante la necesidad y obligación de esclarecer estos hechos y el destino que tuvieron los 42.000 euros de dinero público", espera que el Consejo apruebe poner en marcha estas acciones. "Podríamos estar ante otro caso más en el que historial del PP con el presunto uso de los recursos públicos en su propio beneficio", ha añadido.