Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)- han dado lectura a un comunicado conjunto con las reivindicaciones que el cuerpo de letrados efectúa a la nueva titular del Ministerio de Justicia, Dolores Delgado.

En él destacan que las funciones que desarrollan, como la fe pública judicial, la dirección exclusiva de las oficinas judiciales en cuestiones técnico-procesales, el impulso de los procesos judiciales mediante resoluciones propias o la decisión final de muchos procesos, les posicionan "como garantes del servicio público de calidad que merecen todos los ciudadanos".

Los letrados recalcan que la Administración de Justicia "precisa su modernización de forma urgente", por lo que exigen al Ministerio y administraciones implicadas que adopte "las acciones necesarias para superar las graves carencias que afectan al ámbito organizativo, tecnológico, de medios materiales y personales y profesional".

Entre las primeras, apuntan que es necesaria la implantación y desarrollo la Nueva Oficina Judicial "bajo la dirección exclusiva de los letrados de la Administración de Justicia para obtener una justicia eficiente y un servicio público de calidad en todos los territorios". Asimismo, piden la revisión de la planta judicial.

En el ámbito tecnológico, reclaman la implantación del expediente digital, "de forma útil y operativa dotando a la Administración de Justicia de los medios técnicos necesarios para poder desempeñar su función".

De igual modo, consideran que es necesario "compatibilizar los distintos sistemas informáticos de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional" y la implantación de un sistema de estadística judicial que obtenga datos eficazmente de los programas informáticos de gestión procesal abandonando la extracción manual.

INVERSIONES Y SALARIOS

En el ámbito de los medios materiales, demandan un plan de inversión "suficiente y prolongada"; modernizar los edificios judiciales y procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes (como el Estatuto de la Víctima, la lucha contra la violencia de género, y la corrupción).

En medios personales, exigen incrementar su plantilla y que se convoquen al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; consolidar "cientos de refuerzos" de Letrado de Justicia que están actuando "desde hace años" y un "adecuado sistema de sustituciones debidamente retribuidas", y de nombramientos de letrados "en todos los planes de actuación que se decidan para solventar los incrementos de litigiosidad como ha ocurrido con los juzgados de cláusulas suelo".

Igualmente, reclaman dotación de formación y medios materiales adecuados a todos los funcionarios públicos, muy especialmente en los casos de la lucha contra la corrupción, ampliando las plantillas, reforzando el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

Además, lamentan que esa "esencial función" está "ausente de reconocimiento e incentivo profesional, lastrando la debida modernización y desincentivando a nuestro colectivo" ya que un letrado de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros, sin que se hayan equiparado sus retribuciones con las que perciben otros cuerpos nacionales de la misma categoría A 1 dentro y fuera del mismo Ministerio de Justicia.

Por ello, reclaman "urgentemente" la "adecuación salarial que compense las nuevas funciones y responsabilidades asumidas, pues una Administración de Justicia de calidad también requiere profesionales justamente retribuidos".