Según ha recordado el Ejecutivo balear en un comunicado, del 10 al 30 de mayo, a través del portal de participación ciudadana del Govern, ha estado abierto el periodo de consulta previa a la elaboración del proyecto del decreto.

Asimismo, el objetivo de esta consulta ha sido recoger la opinión de la ciudadanía previamente a la redacción del texto por parte de las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma futura y saber si es necesario y oportuno aprobar una nueva norma, qué objetivos tiene que tener y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Durante este periodo se han recibido tres aportaciones.

Por otro lado, la finalidad de esta iniciativa es crear un organismo que ayude a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos ante situaciones de vulnerabilidad lingüística. De este modo, el Govern pretende poner fin a estas situaciones y proporcionar a la población información sobre sus derechos lingüísticos y facilitar herramientas para conseguir erradicar actuaciones contrarias al respecto de estos derechos.

La aprobación del proyecto de decreto por el que se crea la Oficina de Derechos Lingüísticos es para garantizar el derecho de los ciudadanos a usar la lengua oficial que elijan, de acuerdo con el marco legal establecido. La Constitución española y el Estatuto de autonomía de Baleares dice que nadie puede ser discriminado por causa del idioma.

Además, el Ejecutivo autonómico asume el mandato estatutario según el cual las instituciones de las Islas tienen que garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas, tienen que tomar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento y tienen que crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad llena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, desde la Conselleria han destacado que otros territorios, como Cataluña, La Comunidad Valenciana o Euskadi, también disponen de este ente, ya que es donde se producen vulneraciones de los derechos lingüísticos de los ciudadanos.