Fraude en el grano de cereal protegido.
Fraude en el grano de cereal protegido. GUARDIA CIVIL BURGOS.

La investigación tuvo su origen en el año 2015 cuando se llevó a cabouna campaña para prevenir el fraude en el uso de semillas certificadas y se llevaron a cabo varias inspecciones en la comarca de La Bureba, tanto en empresas del sector como entre los propios agricultores.

En una de estas inspecciones se verificó la entrada de una partida decereal en una determinada empresa acondicionadora de grano que se registró como trigo variedad mezcla.

Bajo sospecha de que pudiera tratarse de una estrategia para eludir el pago de derecho de obtentor de una variedad protegida y por tantosometida a propiedad industrial, se tomaron muestras del remolque quefueron remitidas al laboratorio del Instituto Nacional deInvestigación y Tecnología Agraria y Alimentación (INIA), al objeto dedeterminar la especie y variedad vegetal así como su pureza.

Los resultados mostraron que se trataba de una variedad protegida y por tanto sujeta a derechos de obtentor.

La Guardia Civil comprobó los asientos registrados en el libro de entradas y salidas del almacén, con un total de 65 movimientos de grano declarados como "mezcla", y se identificó a todos los agricultores que declararon acondicionar este tipo de grano, para más tarde cotejar la simiente declarada con la sembrada en las parcelas de su titularidad.

El resultado de germinación y pureza en todos los casos confrontadosfue que el tipo de grano declarado como mezcla de variedades por losagricultores, se trataba realmente de variedades únicas como 'Cezanne','Alhmabra', 'Águila' y 'Paledor'.

En dependencias oficiales han sido investigados 6 agricultores de lacomarca, y se instruyén diligencias que han sido entregadas en elJuzgado de Instrucción de Briviesca.

El fraude se concreta al declarar una variedad distinta a la verdadera, cuando realmente se trata de una simiente registrada y protegida y por tanto con derechos de propiedad industrial (derecho de obtentor).

En la actualidad la explotación no autorizada de variedades vegetalesprotegidas constituye un delito con penas de hasta tres años de prisión.

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