La Policía Nacional ha detenido este martes al director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina, y al jefe de la secretaría general del departamento de Economía y Vicepresidencia de la Generalitat, Daniel Gimeno, en el marco de la operación para averiguar si el Govern obtuvo de forma irregular el censo del 1-O. Ambos han quedado este martes por la tarde en libertad con cargos.

Según ha informado fuentes del cuerpo policial, los agentes han tomado declaración a Gimeno y Udina en el Complejo Policial de La Verneda.

Han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean citados y la Policía Nacional les atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y desobediencia.

La Policía Nacional registra desde primera hora de la mañana de este martes el Departamento de Economía de la Generalitat, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y la sede de Mediapro en busca de indicios de delito sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Por orden del titular de instrucción número 13 de Barcelona, los agentes han entrado en el Departamento de Economía de la Generalitat en la Rambla de Catalunya de Barcelona y han arrestado a Gimeno. El registro se ha limitado a su ordenador.

Gimeno fue una de las 32 personas incluidas en un informe de la Guardia Civil remitido al Juzgado 13 de Barcelona por ser consideradas de "interés para la investigación" sobre el proceso.

La lista se configuró a raíz de los correos del exsecretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó y, entre otros, figuraba Elsa Artadi, entonces jefa de campaña de Carles Puigdemont y ahora consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat.

Los investigadores también han entrado en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) en L'Hospitalet de Llobregat, un órgano de la Generalitat que fue clave para la consulta del 1 de octubre.

También se están produciendo registros en la sede del grupo de comunicación Mediapro, en la Diagonal de Barcelona.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona mantiene imputados a varios exaltos cargos del Govern por los preparativos del 1-O, en una causa en la que investiga entre otros aspectos si hubo malversación y cómo se obtuvieron las bases de datos para el censo del referéndum ilegal.

En la sede de Mediapro, el registro ya ha finalizado después de que los agentes buscaran información vinculada a gestión de bases de datos.

La Policía Nacional ha registrado durante una hora un servidor de Mediacloud, una división de la productora Mediapro, para buscar datos que la Generalitat tenía alojados en la nube, ha explicado el empresario y socio de Mediapro Tatxo Benet.

En declaraciones a Rac1, Benet ha afirmado que la policía buscaba "datos de la Administració Oberta de Catalunya" que estaban alojados en un servidor alquilado a la empresa, aunque ha afirmado que no han encontrado nada de su interés, por lo que el registro no se ha alargado y no se han llevado nada

Ha subrayado que el registro no tiene nada que ver con el trabajo de Mediapro, y ha explicado que es como registrar un piso alquilado ante la sospecha de que el inquilino ha cometido algún delito: "El propietario del piso no es responsable. Es el símil que podríamos poner".

Benet ha dicho que aunque el registro ha durado poco y no se ha encontrado nada, ha sido suficiente "para crear revuelo" y que los trabajadores de la empresa se inquietaran, por lo que les ha transmitido un mensaje tranquilizador.

El pasado mes de febrero, otro informe de la Guardia Civil situó al empresario y fundador de Mediapro, Jaume Roures, en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado 'Enfocats', considerado la hoja de ruta del proceso para la declaración de independencia de Catalunya e incautado en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Mediapro consideró "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento" que la producción de un documental sobre el referéndum del 1-O pudiera considerarse por la Guardia Civil una prueba delictiva. Mediapro fue la empresa que se encargó de habilitar el centro de prensa para el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Fuentes de la investigación han confirmado que la operación de este martes es consecuencia de la que practicó la Policía Nacional el 5 de diciembre en el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Entonces también se buscaron datos sobre el censo que el Govern de Carles Puigdemont utilizó para celebrar el referéndum del 1-O.

Esta investigación ha sido encargada por el juez a la Policía Nacional, que desde junio de 2017 trata de corroborar que el Idescat cedió sus ficheros al Govern para confeccionar el censo del 1-O, cuya elaboración de forma irregular podría constituir un delito de revelación de secretos.

El juez de Barcelona que investiga a varios exaltos cargos del Govern por el 1-O, abrió en junio de 2017 una pieza separada para investigar varias denuncias por revelación de secretos por el uso de datos personales en el envío de cartas del gobierno catalán para designar a los miembros de las mesas electorales del 1-O.

Tras el registro de la sede del Idescat, la Policía remitió al juez un informe, en el que concluye que existen elementos indiciarios "sólidos" para determinar que desde el Idescat se cedieron los datos personales de los ficheros del Registro de Población de Cataluña al departamento de Vicepresidencia y Economía para elaborar un "censo global" de votantes para el 1-O.

Según el informe de la Policía, fechado el pasado 17 de mayo y a partir del cual el juez ha ordenado los registros practicados hoy, el Idescat contribuyó de forma activa en la cesión al Govern de los ficheros con los datos personales, en una entrega que se hizo al jefe del Gabinete de Economía, Daniel Gimeno, "sin que la cesión estuviera amparada por ningún marco legal".

En el registro al Idescat, la Policía intervino un correo electrónico del director de este centro, Frederic Udina, del que los investigadores concluyen que hubo "cesión y entrega" a Gimeno de los ficheros de los datos personales del Registro de Población de Cataluña.

La Policía se puso tras la pista de Idescat tras recibir dos anónimos que denunciaban la existencia de una supuesta plataforma, denominada Cerdà, como posible origen del fichero o copia maestra a la que se podía añadir la información de las mesas electorales, a partir de los datos del Registro de Población de Cataluña.