Los afectados han recalcado esta cuestión después de que el delegado territorial de Fomento de la Junta en Almería, Antonio Martínez, señalara en la jornada del juicio seguido en la Ciudad de la Justicia para la recuperación de la vivienda que la familia "no está inscrita en el registro de demandantes de vivienda y ni en algún listado que les permitan seguir los cauces para la consecución de una vivienda social".

Desde la asociación de vecinos de El Puche han trasladado los justificantes de los registros, toda vez que la portavoz de la familia ha recalcado su "situación económica y social". "Llevamos un año pidiendo una solución, saben que nos estafaron, saben que yo no puedo trabajar y que mi marido cobra poco, se lo hemos dicho miles de veces ¿dónde nos vamos a ir con mis hijas?", se ha preguntado.

En esta línea, ha recalcado que han solicitado "en multitud de ocasiones" a los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Almería la emisión de un informe de riesgo de exclusión social para "aportar a AVRA", aunque han tenido "una negativa como respuesta" puesto que, según han explicado, en el servicio municipal les trasladan "que es AVRA la que debe solicitar dicho informe".

"En el Ayuntamiento de Pechina intentaron hacer dicho informe, sin embargo, al estar la familia empadronada en la capital no pudieron obtener los datos necesarios para hacerlo ya que no es de su competencia", han añadido.

En relación a los ofrecimientos de vivienda privada realizados desde la Junta, la entidad ha explicado que la primera opción que se ofreció fue una vivienda en Pulpí, a un precio "accesible" pero "logísticamente inviable ya que se encuentra a 110 kilómetros de La Cañada, lugar donde trabaja" el padre de familia.

Asimismo, han asegurado que la segunda opción que se dio posteriormente fue en Roquetas "por un precio inasequible para la familia" mientras que en la última reunión, según la versión de la familia, se ofreció ayuda para encontrar una casa adecuada en dos semanas si se entregaba la llave de la casa de El Puche y se evitaba enfrentar la demanda, lo que la familia declinó después de que desde Delegación no quisieran rubricar dicho compromiso "por escrito".

Para la familia y la asociación de vecinos, la solución a su situación "sólo va a venir de la movilización ciudadana y la voluntad política". "Si quieren llegar a una solución sólo tienen que hablar entre ellos y acordar lo que sea mejor para todas las personas, especialmente para las que están en una situación de exclusión social, que no nos cuenten más historias porque si quieren pueden solucionarlo", ha dicho al respecto la vicepresidenta de la asociación de vecinos del El Puche, Antonia Cuenca.

DERECHOS DE LOS MENORES

Por otra parte, la entidad vecinal se ha mostrado de acuerdo en que la Administración autonómica "debe cumplir con la legalidad y no puede mirar a otro lado", aunque "esto debe ser en todos los sentidos", por lo que "antes de autorizar un desalojo" entienden que debe garantizarse el interés superior del menor al haber dos niñas de tres y siete años afectadas.

En este sentido, se han remitido a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo al respecto así como al amparo de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Constitución para determinar que "antes de autorizar el desalojo de una casa, el juez tiene que asegurar y garantizar una protección integral y efectiva de los derechos e intereses de los menores, algo que lamentablemente no ha hecho la Junta".

La familia asegura que durante este último año han planteado tanto a la Junta como al Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería su "disponibilidad absoluta" a "regularizar su situación en la vivienda y hacer frente a todos los pagos del alquiler social correspondientes". "Nosotros queremos cumplir con la legalidad aunque hayamos perdido 19.000 euros, pagaremos el alquiler que nos diga la Junta", ha explicado la familia.