La Audiencia de Zaragoza condenará a 224 años de prisión a un joven de Cádiz por corromper a cerca de cuarenta menores de edad para obtener fotografías y vídeos de contenido sexual. Realizaba estas actividades mediante plataformas de juegos de internet o redes sociales.

Benjamín C.S., gaditano de 31 años con antecedentes penales por delitos similares, se enfrentaba en un inicio a 276 años de prisión por 37 delitos de captación de menores y elaboración de material pornográfico.

El acuerdo para la condena se ha llevado a cabo entre las acusaciones y la defensa, y prevé condenas diversas contra el acusado por delitos de acoso sexual, descubrimiento de secretos, tenencia y distribución de pornografía infantil, amenazas condicionales agravadas y acoso.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el acusado deberá cumplir- de acuerdo con el Código Penal- al menos el triple de la condena máxima impuesta (5 años y 6 meses). El total al que deberá hacer frente está en torno a los 16 o 17 años.

El acuerdo estipula prohibiciones para trabajar con menores y medidas de libertad vigilada hasta un máximo de 10 años. También indemnizaciones que oscilan entre los 400 y 2.000 euros a las víctimas, así como la obligación de asistir a cursos de formación sexual.

Sus actividades con menores fueron descubiertas por la policía gracias a la denuncia que interpuso la familia de un joven zaragozano con el que intentó mantener un contacto sexual, pero al que encontró de vacaciones con su familia.

El fiscal explica que el acusado se valía de juegos 'on line' de la Play Station y de redes sociales (Instagram o Facebook) para pedir a los menores imágenes de contenido sexual a cambio de premios o dinero.

El acusado llegó a enviar a amenazas a sus víctimas, diciéndoles que divulgaría las imágenes que le habían enviado para que siguiesen remitiéndole imágenes pornográficas. Incluso llegó a crear un grupo de WhatsApp en el que incorporaba material pornográfico.

La investigación realizada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Zaragoza provocó que se localizara y registrara la vivienda del acusado en Puerto Real (Cádiz), donde encontraron la información de sus actividades ilegales en la red.