"La Junta ha mantenido cerrados 74 cursos entre 2017 y 2018. Cursos como soldadura, confección, electrónica, mecánica, comercio, talleres y profesores perdidos en un centro que la Junta tiene cerrado en el barrio con más paro de la ciudad de Granada", ha explicado Pérez en declaraciones a los medios.

En esta misma línea, Lizárraga ha dicho que "la tasa de paro en Andalucía en el primer trimestre de 2018 ascendió al 24,7 por ciento, frente al 16 por ciento del conjunto de España, según la Encuesta de Población Activa" y que el 61,5 por ciento de las personas desempleadas en Andalucía tienen un nivel de formación igual o inferior a la primera etapa de educación secundaria y su tasa de desempleo alcanza el 37,9 por ciento.

A juicio de ambas formaciones, "los Centros Públicos de Formación para el Empleo de Andalucía son un referente en la formación de los desempleados y una poderosa herramienta para la inserción laboral", pero "en los últimos años la programación de los cursos, en su mayoría Certificados de Profesionalidad, por parte de la Junta ha ido a menos, incluso con años completos en blanco".

Según los datos que manejan sobre el centro de Cartuja, en 2015 no se impartieron cursos; en 2016 se impartieron 6 de 23 programados; en 2017 se realizaron 12 de 37, y en 2018 "aún no se ha impartido ninguno".

"Un hecho que resume el incumplimiento de la programación de la formación para el empleo en estos centros aún cuando la programación está aprobada y presupuestada, con la consecuencia del desaprovechamiento de las instalaciones y los recursos con que cuenta el centro en un barrio de Granada que necesita de forma urgente una intervención social y formativa", ha hecho hincapié la parlamentaria de Izquierda Unida.

Asimismo, la diputada andaluza de Podemos ha incidido en que "las empresas granadinas solicitan personal con la formación en las familias profesionales que realizan los cursos y prácticas en el centro fijo ocupacional Cartuja". Sin embargo, "el centro se encuentra en una situación de práctica parálisis".

A ello suman "la precariedad laboral de los docentes del centro". Un hecho que "motivó una demanda por la contratación como falsos autónomos de los docentes" que se saldó con una sentencia del TSJA favorable a los mismos en la que se les declara personal laboral fijo discontinuo". Según Pérez, esta sentencia "ha producido una parálisis total por parte de la Junta de Andalucía para resolver su contratación y el cambio de la RPT del centro".

En Andalucía hay un total de 10 centros de formación para el empleo que la Junta. Sin embargo, según ha dicho la parlamentaria de IU, "están siendo cerrados o adjudicados a empresas privadas".

Así, los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos plantearán ante la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio una PNL que inste al Gobierno andaluz a "cumplir de forma urgente con la programación en formación para el empleo aprobada y presupuestada para 2018; asumir la sentencia del TSJA favorable en la que se les declara personal laboral fijo discontinuo a trabajadores del centro, y a aumentar progresivamente la oferta formativa del centro para cubrir las necesidades de la población y las demandas de Granada".