La Audiencia Nacional ha condenado al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa a 4 años de prisión por la financiación ilegal del partido de esa Comunidad, en las campañas electorales de 2007 y 2008, a través de contratos falsos con la trama Gürtel. El fallo corresponde a las piezas separadas 1, 2 y 6.

Asimismo, han sido condenados el líder de la red, Francisco Correa (5 años y 3 meses), Álvaro Pérez 'El Bigotes' (6 años y 9 meses) y Pablo Crespo (5 años), número dos de Correa y exsecretario de Organización del PP gallego. De los 20 acusados en el juicio, 18 han sido condenados; los hechos ocurrieron cuando Francisco Camps presidía la Comunidad y el fallo cuantifica en más de dos millones de euros el dinero pagado.

A Costa se le han aplicado las atenuantes de "colaboración activa o confesión", así como a Correa, Pérez y Crespo en determinados delitos; a Correa, además, se le añade la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza.

Por otro lado, el exvicepresidente valenciano Vicente Rambla ha sido absuelto de los delitos electorales de los que le acusaba la Fiscalía, que pedía para él 6 años y 3 meses de cárcel. "Es posible que haya cometido los delitos, pero existe la probabilidad razonable de que no lo hiciera", dice el juez. Los nueve empresarios que reconocieron los hechos han sido condenados a penas hasta el año y nueve meses de prisión, aunque se sustituyen por multas hasta los 154.500 euros.

Financiación ilegal

La sentencia dice claramente que el PP contrató para organizar las campañas de 2007 y 2008 a la empresa Orange Market SL e infringió "la genérica prohibición legal de abono de los gastos de los partidos políticos por terceras personas", ya que en realidad los pagos los realizaron, con dinero en B y facturas falsas, empresarios que "no podrían hacer donaciones al PP" porque tenían contratos con las Administraciones Públicas.

Según los hechos probados de la sentencia, el grupo Correa pretendía "conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos relativos a eventos que pudieran ser organizados por el propio partido político, por órganos de la Administración autonómica valenciana y por entidades públicas".

En cuanto a los políticos acusados del PP de Valencia, "cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". Su fin era "obtener mayor despliegue en el proceso", añade. Todo ello atenta, según el juez, contra el bien jurídico protegido que es "tratar de mantener la pureza de los procesos electorales", esto es, "el juego limpio electoral".

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por Orange Market y por el PP valenciano por la organización de actos, si bien el juez señala que "fue muy superior el servicio que encargó y recibió" de esta empresa. En concreto, 1,15 millones de euros fueron destinados para los actos ejecutados para las autonómicas de 2007, 78.878 euros para las municipales de ese año y 801.810 euros para las autonómicas de 2008. En total, 2,03 millones de euros.

El resto de políticos condenados son: el exvicesecretario del PP valenciano David Serra (3 años y 8 meses), la exgerente del PP de Valencia Cristina Ibáñez (3 años y 4 meses) y la extesorera del PP valenciano (2008-2012) y exdiputada en las Cortes Yolanda García (4 meses).

El resto de condenados del grupo Correa son: el exgerente de Orange Market Cándido Herrero (5 años y 1 mes) y el exvicepresidente de Repsol YPF y asesor financiero de Orange Market José Ramón Blanco (3 años). Entre los empresarios se encuentran Vicente Cotino (1 año y 3 meses), sobrino del exdirector de la Policía y expresidente de las Cortes valencianas Juan Cotino y Enrique Ortíz (1 año y 3 meses).

Camps: "Nada sabe, nada recuerda"

El juez sostiene en la sentencia que, en el caso de que el expresidente valenciano Francisco Camps hubiese incurrido en delitos, éstos ya habrían prescrito, pues la investigación comenzó en 2009.

Ve "jurídicamente imposible", además, pronunciarse sobre Camps o sobre el que fuese su vicepresidente Víctor Campos, ya que ambos tuvieron la condición de testigos y no de investigados. "No puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta", señala. Fueron señalados por varios acusados, como Costa, que acusó a Camps de encargar el sistema de financiación irregular y a Campos de llevar la relación con los empresarios que pagaban actos electorales a través de facturas falsas y dinero negro.

Pero, según el juez, al remontarse los hechos a las elecciones de 2007 y 2008 y dada "la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave", sus actos "habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna".

En todo caso, el magistrado admite que sus declaraciones fueron "totalmente infructuosas", y que se limitaron a "apuntalar extremos ya acreditados por otros medios" pues, según ellos, "nada saben, nada recuerdan, nada reconocen". En relación a la declaración de Camps como testigo, el juez recuerda su "radical" y "absoluta" negativa a admitir cualquier conocimiento de la trama.