Las jornadas, organizadas con la colaboración de la Fundación Cajasol y la Universidad de Málaga, contará, entre otros, con la intervención de responsables de políticas de protección a la infancia de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Diputación de Guipúzcua; fiscales, abogados, profesores universitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados.

Así, a través de un comunicado, han recordado que durante 2017 "el sustancial incremento" de la llegada a Andalucía de menores extranjeros no acompañados ha constituido, en opinión del Defensor del Menor, el fenómeno más destacado en asuntos de menores.

El número total de nuevos ingresos de menores en el Sistema de Protección en Andalucía en 2017, según cifras del Gobierno andaluz, se elevó a 3.306, frente a los 1.291 producidos en el ejercicio anterior. De igual modo, si se añaden el número de jóvenes extranjeros que ya estaban siendo atendidos por el Sistema de años anteriores, el número de Mena total atendidos se eleva a 4.179.

El incremento constante de entrada de estas personas ha puesto al límite los recursos residenciales que tiene la comunidad habilitados para atender a los menores en situación de desamparo, "a pesar de los esfuerzos por incrementar estos recursos". Ello, ha continuado, "ha supuesto la saturación de los centros de protección, propiciando, a pesar de los esfuerzos de la Administración y de la pericia de los profesionales que trabajan en los recursos, la existencia de carencias en las garantías de los derechos básicos de los menores".

"El colapso que está sufriendo el sistema de asistencia a estos menores, por las razones señaladas, ha sido proclamado por la Administración autonómica, por las organizaciones no gubernamentales y comprobado por el Defensor del Menor de Andalucía", han afirmado.

Han explicado, además, que tras la llegada a Andalucía y la determinación de la edad, estos niños pasan a los recursos de primera acogida, los Centros de Acogida Inmediata gestionados por la Junta, donde se les debe propiciar atención y alojamiento adecuado ofrecidos por profesionales competentes y con formación específica en la atención a Mena que conozcan las necesidades culturales, lingüisticas y religiosas y que puedan satisfacer sus necesidades psicosociales.

Tras este paso por los centros de acogida y descartada la reagrupación familiar en su país de origen -y con los informes pertinentes realizados por los equipos de educadores y técnicos- se les deriva a los Centros Residenciales Básicos gestionados, principalmente, por entidades con convenio con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Así, han agregado, es en estos centros donde se debe trabajar para garantizar la solución a través del acceso a la educación, la tramitación de la documentación de residencia, el acceso al sistema sanitario y la preparación para la vida adulta.

En este punto, han recordado que cuando uno de estos menores ingresa en un centro de protección, se comienza un proceso de actuaciones e intervenciones encaminadas a garantizar sus derechos y protección. No obstante, esta protección tiene fecha de caducidad: cuando cumplen 18 años.

"Consideramos que las medidas previstas no son suficientes para atender a todos los menores que abandonan el Sistema de Protección y que precisan de ayuda ante los retos que les aguarda la vida independiente. Nuestra experiencia nos lleva a concluir que nos encontramos ante uno de los colectivos más invisibles de la sociedad", han advertido.

La situación de los ex tutelados ha sido expuesta en el último informe del Defensor del Menor de Andalucía 2017 y también será abordada en la jornada, cuya inauguración correrá a cargo del Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu; y el director general Save the Children España, Andrés Conde; entre otros.