Tras el estallido de la crisis de las vacas locas, hace más de dos décadas, se señalaron los problemas de conservación que generaría la retirada de carroñas de ganado del campo. Esta situación fue "especialmente preocupante" en el caso de España, según ha explicado la investigadora Patricia Mateo-Tomás, al albergar más del 90 por ciento de los buitres de Europa.

Tras la detección de los primeros problemas atribuidos a la falta de alimento, como ataques de buitres al ganado, la Unión Europea modificó en 2009 la normativa sanitaria, considerando la necesidad de conciliar mejor la salud pública y la conservación de la biodiversidad.

En el año 2011, Europa volvió a autorizar el abandono de carroñas de ganado extensivo en el campo en zonas previamente designadas por las autoridades competentes. Sin embargo, tal y como alertan la autora y los autores de este trabajo, la falta de criterios homogéneos para designar las zonas de alimentación de especies necrófagas puede causar grandes diferencias en la disponibilidad de carroña entre territorios que están implementando una misma normativa.

Así, mientras que países como Portugal o Bulgaria no han declarado ninguna zona de alimentación, España ha desarrollado su propia normativa al respecto, incluyendo criterios adicionales.

No obstante, incluso en el caso de España, se han identificado hasta ocho criterios diferentes a la hora de delimitar las zonas de alimentación para carroñeros.

El personal investigador recomienda la designación de zonas de alimentación para carroñeros lo más extensas posibles, que reflejen así los patrones naturales de alimentación de especies carroñeras como los buitres, capaces de desplazarse decenas o incluso cientos de kilómetros en busca de alimento.

Este es, por ejemplo, el caso del Principado de Asturias, cuya normativa autonómica aprobada en junio del 2017, autoriza la no retirada de ganado extensivo muerto en el campo en una gran parte del territorio asturiano.