Los productos fueron hallados tanto a la venta al público, como almacenados de forma irregular, muchos de ellos en pésimas condiciones higiénico-sanitarias y caducados.

Al propietario del establecimiento, que ha sido clausurado cautelarmente, le han sido confeccionadas denuncias por presuntas infracciones administrativas en materia de pesca y seguridad alimentaria.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos pesqueros donde, al parecer, se vendía pescado en mal estado.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con inspectores del Servicio de Seguridad Alimentaria y Zoonosis de la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia, se desplazaron al lugar para realizar la correspondiente inspección.

En el establecimiento, regentado por un ciudadano de nacionalidad marroquí, se hallaron 742 kilos de distintas especies marinas -doradas, besugos, potas, sardinas y bacaladillas- en pésimas condiciones higiénico sanitarias.

Algunos de los productos se encontraban expuestos al público sin la refrigeración adecuada y otros, almacenados a temperatura ambiente entre otros enseres del local. Alguno de estos alimentos, además, habían caducado y carecían de la preceptiva documentación sobre su trazabilidad.

Durante la inspección, los agentes detectaron una furgoneta donde se localizaron 182 kilos de pescado, dispuestos en cajas para su transporte por carretera.

El vehículo carecía de las adecuadas condiciones de refrigeración, así como de la documentación necesaria que habilita el transporte de alimentos frescos.

En ese acto han sido decomisados 924 kilos de productos pesqueros, 742 de los cuales han sido destruidos y el resto (182 kilos) -localizados en el interior de la furgoneta- inmovilizados y trasladados a la Lonja de Pescado de Alcantarilla a disposición de la Dirección General de Salud Pública.

Al titular del establecimiento y propietario del vehículo le han sido formuladas denuncias por presuntas administrativas a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria y Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. El establecimiento comercial ha quedado clausurado de forma cautelar.