Según informa, esta decisión se ha adoptado al entender la Sala que la peatonalización de la zona se llevó a cabo de forma arbitraria, sin apoyo en un informe técnico que justificara tal actuación.

En concreto, el recurso fue presentado por un ciudadano, que es propietario de un aparcamiento en la vía en cuestión, contra la sentencia de un juzgado de instancia que

el 14 de diciembre de 2016 declaró que el Ayuntamiento capitalino había llevado a efecto la peatonalización en el ejercicio de sus competencias legales.

Ahora, el TSJC revoca el fallo, afirmando que la facultad municipal para actuar sobre una vía pública debe de ejercitarse "de forma racional y coherente con las circunstancias que concurren y el propósito que se persigue".

Además, la Sala expone que "dicho de forma breve y coloquial, la faculta de ejercer competencias administrativas no implica la libre arbitrariedad en su ejercicio, sino por el contrario justificar que la acción concreta se acomoda al interés general que justifica tal atribución de competencia".

El TSJC detalla también que la restricción de tráfico o peatonalización "se realizó sin la necesaria cobertura de una expresa, motivada y específica resolución administrativa que así lo dispusiese, incurriéndose por ello en la vía de hecho denunciada por el recurrente, y por ello procede estimar el recurso".