Además, según el requerimiento de la Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento deberá elaborar una planificación con un responsable de ejecución, medidas, costes y fechas de inicio y fin de las medidas a adoptar.

Así lo ha informado CSIF, cuya sección sindical realizó la correspondiente denuncia el 4 de enero, "alarmada" por la información a la que tuvo acceso tras organizar un curso prevención de riesgos laborales para la conducción de motocicletas de la Policía Local.

Tras "ponerlo de manifiesto a responsables municipales", CSIF presentó denuncia ante Inspección de Trabajo para que se comprobase el estado de las motocicletas policiales y las deficiencias encontradas en el equipamiento de los agentes de la policía.

El 30 de mayo, la Inspección de Trabajo emitió un requerimiento -del que CSIF ha informado hoy- en el que denuncia que actualmente se está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el que establece las medidas correctoras que deberá afrontar el Ayuntamiento de Santander para acabar con dicha situación.

En concreto, manifiesta que el Servicio de la Policía Local cuenta, exclusivamente, con una evaluación de riesgos de hace 18 años, en la que no están evaluados los riesgos de ningún "puesto de agente de policía local ni el de agente usuario de motocicleta".

Como consecuencia, no constan evaluados los riesgos para la seguridad y salud derivados de dichos puestos, medidas preventivas, equipos de protección individual necesarios para el ejercicio de la actividad, formación e información preventiva necesaria.

Respecto a los equipos de protección individual y dado que los puestos no han sido objeto de evaluación preventiva, el informe de Inspección destaca que "se desconoce si los medios proporcionados (a los agentes) son adecuados o no para el desempeño de las funciones realizadas por los motoristas".

CSIF señala que el Ayuntamiento ha aportado documentación que acredita que las motocicletas han superado la ITV y de las revisiones que se realizan a las mismas, hechos que "no sorprenden en absoluto" al sindicato porque "nadie pensaría que la Policía Local de Santander pueda estar utilizando unas motocicletas que no hubiesen pasado la ITV".

Por otro lado, el sindicato "tenía constancia de que, la primera consecuencia de la denuncia presentada por CSIF, fue el incremento de visitas de dichos vehículos a los servicios de talleres mecánicos municipales. Cuestión distinta es que, dichas motocicletas, sean adecuadas para la labor policial".

Por todo ello, la Inspección ha requerido al Ayuntamiento de Santander informándole de que deberá realizar una evaluación de riesgos "con el objeto de identificar los riesgos inherentes a todos los puestos adscritos a la Policía Local, incluyendo el puesto de motorista".

Constata que deberá evaluar las motocicletas como equipos de trabajo, considerando la "idoneidad" de la sirena y el lanza destellos.

Tras la evaluación, deberá elaborar una planificación con un responsable de ejecución, medidas, costes y fechas de inicio y fin de las medidas a adoptar. Asimismo, se determinará las actividades que requieren equipos de protección individual y de protección policial, que deberán ser proporcionados a los agentes y reponiéndolos cuando sea preciso.

Por último, deberá dar a los agentes, periódicamente, información y formación en prevención de riesgos laborales centrada en sus tareas y funciones, "cosa que no hace actualmente", según el sindicato.

Finalmente, recuerda al Ayuntamiento -con jurisprudencia pormenorizada- la obligación de la Administración Local de aplicar, a los Cuerpos de Policía Local, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

CSIF, aunque lamenta haber tenido que recurrir a la denuncia ante la Inspección de Trabajo, manifiesta su satisfacción por el hecho de que, así, se haya puesto de manifiesto una situación de grave incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos en la Policía Local de Santander y la imposición de medidas que acaben con ella.

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