Durante la vista tres testigos han asegurado que el día de los hechos, cuando el piquete se encontraba a las puertas del bar Lizarran, en la Plaza de Poniente, informando sobre supuestos abusos de esta empresa de hostelería a sus trabajadores en Jerez de la Frontera, en ningún momento el sancionado administrativamente se negó a entregar su DNI a miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que acudieron a identificar a los participantes.

"La policía se lo llevó a un portal y asegura que se negó a identificarse, lo que no se consiguió hasta que fue cacheado", explica el letrado del recurrente, quien, sin embargo, mantiene que no hubo oposición alguna de su cliente y que fue él quien facilitó su carné.

Desde la CNT se enmarcan tanto la actuación policial como la multa de 600 euros, la mínima impuesta por la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en un claro intento de coartar la libertad sindical bajo el amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, también llamada 'Ley Mordaza' del Gobierno central.