Pornografía infantil
Un agente de policía inspecciona una web de internet vinculada a una operación contra la distribución de pornografía infantil, en una imagen de archivo. Juan M. Espinosa / EFE

La fiscal de sala coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, ha alertado este jueves de que España ha pasado de ser un país en el que se distribuía y consumía pornografía infantil a ser un país donde se elabora, lo que ha considerado "serio y preocupante".

En un coloquio organizado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre "Ciberdelincuencia en España", en el que también ha participado el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, Tejada de la Fuente ha advertido además de que la distribución de pornografía, también la infantil, se está produciendo cada vez con medios más sofisticados y difíciles de investigar.

Aunque la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2017 todavía se está elaborando, Tejada de la Fuente ha estimado que en torno al 70% de los procedimientos por delitos relacionados con el 'ciberespacio' son por estafas de diferentes tipos. Sin embargo, ha considerado que "eso no quiere decir que sean los delitos más frecuentes, porque hay otros que seguramente se denuncian menos, como la pornografía, incluida la infantil".
 
Tanto el presidente de la Audiencia Nacional como la fiscal coordinadora han insistido en que las mayores dificultades para luchar contra la delincuencia tecnológica son la necesidad de una regulación legal muy precisa y novedosa y el hecho de que debe ser una lucha internacional.

En este sentido, Navarro Miranda ha explicado que la ONU ha intentado en varias ocasiones aprobar una regulación internacional en esta materia, sobre todo con un intento de convenio en 2010 que no prosperó, pese al "evidente carácter trasnacional de este tipo de delincuencia".

Ha recordado que en la situación actual no se pueden utilizar automáticamente pruebas obtenidas en un país para casos que se juzgan en otro porque eso requiere que se sienten las bases para un mínimo de procedimientos homologables, tanto en lo que se refiere a las garantías en la obtención de esas pruebas como en su custodia.

Esa cooperación internacional está más avanzada en Europa, donde en 2001 se aprobó por el Consejo Europeo el Convenio de Budapest, que pretende avanzar hacia una mayor coordinación, incluso con un ordenamiento legal en los países miembros que sea lo más similar posible para los "ciberdelitos", ha explicado Navarro.