Según ha informado esta plataforma en nota de prensa, el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, marca la necesidad de tres autorizaciones para instalaciones como el ATC, las de autorización previa o de emplazamiento, autorización de construcción y autorización de explotación, señalando que en todas ellas es preceptivo el informe de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es vinculante en caso de ser negativo.

Según el abogado que asesora a esta Plataforma, la declaración de impacto ambiental (DIA) sólo sería preceptiva para la segunda de las autorizaciones, la autorización de construcción, pero no para la autorización previa o de emplazamiento.

En este sentido, ha recordado que Enresa, como promotora del proyecto, presentó en enero de 2014 las dos primeras solicitudes simultáneamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que a su vez lo remitió al CSN para informar. El 27 de julio de 2015, El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó por mayoría el informe a la autorización previa o de emplazamiento "con una fuerte respuesta social y el voto particular en contra de la entonces consejera Cristina Narbona por los riesgos geológicos de los terrenos".

"En definitiva, como ya se dispone del informe preceptivo, se ha sometido a información pública y se han recibido los informes de otras administraciones afectadas, Ribera podría firmar sin más trámites la denegación de la autorización y de esa manera el proyecto del ATC en Villar de Cañas sería historia", ha afirmado esta organización.

Asimismo, han resaltado que otra opción que tiene Ribera, como titular de Medio Ambiente, es dejar que los técnicos responsables de la evaluación de impacto ambiental "hagan su trabajo y emitan una DIA negativa". Puesto que la Plataforma no concibe "que se pueda calificar este proyecto como compatible con la preservación de los enormes valores ambientales de la zona, siempre y cuando los técnicos no sufran presiones, una vez emitida la DIA negativa, la autorización de construcción no podría ser positiva".

Desde la Plataforma han añadido que la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, "también podría actuar retirando la demanda de la Abogacía General del Estado contra la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de El Hito". "Aunque no paralizaría el procedimiento, la demanda tendría menos opciones de prosperar cuando el procedimiento está en su fase final", ha explicado.

En todo caso, la organización ha sostenido que estas acciones "que se podrían sustanciar en pocos días o unos meses" no solucionan la gestión de los residuos nucleares, apuntando que para ello, habrá que esperar a tener un calendario de cierre de las centrales nucleares, "asunto este que cada vez se ve más cercano".

La plataforma ha reiterado su defensa de una gestión responsable de los residuos nucleares y no sólo cerrar el ATC de Villar de Cañas. Por ello, una vez concretado el calendario de cierre, ha apostado por "elaborar un nuevo plan de gestión de residuos radiactivos en donde se defina democráticamente la forma menos mala de confinar los residuos nucleares". "Pero a estas alturas, no parece muy lógico construir un almacenamiento temporal, dado que ya existen o están en construcción en las centrales nucleares", ha concluido.

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