Manifestación contra la violencia de género
Manifestación contra la violencia de género EUROPA PRESS - Archivo

La Comunidad de Madrid permitirá que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos puedan optar a una vivienda pública y a cualquier otro tipo de ayudas sociales sin necesidad de interponer previamente una denuncia formal contra su agresor.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una modificación de la legislación regional en consonancia con las recomendaciones del Pacto de Estado de Violencia de Género, aprobado en 2017. De esta manera, la Comunidad de Madrid se pone a la altura de regiones que ya lo habían implementado, como Asturias, Baleares o Andalucía.

El Ejecutivo del Partido Popular planteó inicialmente la exigencia de un informe por parte de los servicios sociales. Sin embargo, la oposición decidió ampliar este requisito a dictámenes de otros profesionales, como los médicos, los profesores o la inspección de trabajo, en el caso de que sean víctimas de acoso sexual en el trabajo. Finalmente el PP se adhirió al resto de grupos.

Esta nueva medida, que entrará en vigor en unos 20 días, después de su publicación en el Bocam, persigue ayudar a las mujeres víctimas de la violencia machista que no se atreven a denunciar a salir de una situación de riesgo. Las expertas aseguran que, además, permitirá un mejor acompañamiento a las víctimas que después decidan afrontar el proceso judicial por casos de maltrato físico, psicológico o sexual..

Clara Serra, diputada de Podemos en la Asamblea, celebra que la medida salga adelante "por unanimidad" porque "supone un cambio cualitativo en el tipo de compromiso que adquieren las instituciones públicas con las mujeres. Ellas pueden decidir si denuncian o no, depende de ellas. Pero las instituciones se comprometen a proteger sus derechos humanos. Además lo que se consigue también es que, al posibilitar la salida a una vivienda pública, puedan denunciar en mejores condiciones".

Por su parte, Esther Ruiz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Mujer, ha destacado que con esta medida "ponemos a las víctimas de violencia de género en el centro de las políticas y protegemos tanto a las que denuncian como a las que, por distintos motivos, no llegan a hacerlo. El Gobierno regional tiene ahora la responsabilidad de aprobar el reglamento y de poner a disposición de las víctimas todos los recursos habitacionales que sean necesarios".

La protección de las mujeres en riesgo es uno de los retos pendientes de la estrategia para erradicar la violencia de género. Este año han sido asesinadas 12 mujeres por sus parejas o exparejas, según el recuento oficial del Ministerio de Sanidad. De las doce asesinadas tan solo tres habían interpuesto alguna denuncia previamente. Nueve no habían denunciado y les quitaron la vida.

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