El expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón comparecerá este jueves como investigado en la Audiencia Nacional ante el juez del caso Lezo por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, que aprobó su Consejo de Gobierno en 2001.

La declaración de Gallardón tendrá lugar después de que hayan declarado ya por esta pieza de Lezo el exconsejero madrileño de Justicia y también expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja y el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, que defendieron la operación investigada.

Poco más de un año después de que estallase este caso de corrupción que tiene como principal investigado a otro expresidente madrileño, Ignacio González, el juez Manuel García Castellón decidió citar a Gallardón tras varias peticiones de la Fiscalía.

Gallardón deberá declarar sobre la compra de Inassa por un total de 73 millones de euros a través de una empresa panameña, una operación en la que, según el juez, pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" y que se realizó a través de una "compleja estructura societaria" que incluía una sociedad panameña.

La adquisición salió adelante con la firma del propio Gallardón el 29 de noviembre de 2001, cuando la operación fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, en un recurso a su citación, los letrados de Gallardón aseguran que no existe "indicio alguno de que los 73 millones de dólares pagados en 2001 contuvieran sobreprecio", más allá de un informe de Cuatrecasas y dos pinchazos telefónicos a Ignacio González y a su hombre fuerte en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.

En uno de esos pinchazos, González explicaba al exministro Eduardo Zaplana —en prisión por el caso Erial— que "Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí [...]. Compraron una sociedad, que no valía ni treinta millones de dólares, por cien", y añadía: "Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".

Ese dictamen, que desaconsejaba la compra —fechado en 2004, tres años después de la operación—, lo encargó González a su cuñada, Pilar Cavero, socia de honor de Cuatrecasas y, según declararon la propia Cavero y uno de los abogados que se encargaron del documento, se hizo al dictado del exgerente del Canal Ildefonso de Miguel.

Se trata de un informe del que, según la defensa de Gallardón, existen "hasta dieciséis versiones" en el sumario y en las finales se incluyeron anotaciones manuscritas hechas por "personas ajenas a Cuatrecasas" como: "Decir que Garrigues lo desaconsejaba", "Edulcorar el interés de Canal de Isabel II en adquirir Inassa" o "Tachar referencia a Ildefonso de Miguel".

En esta causa ya figuran como imputados varios de los altos cargos de Gallardón, como el exconsejero de Hacienda y presidente de Adif, Juan Bravo, o el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Pedro Calvo.