La fiscal Dolores Delgado, coordinadora del área antiterrorista de la Audiencia Nacional, es la nueva ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y conocedora de las principales reivindicaciones que llevaron a la huelga a jueces y fiscales el pasado 22 de mayo, por lo que su elección ha sido recogida con satisfacción por el sector.

En su campaña para las elecciones al Consejo Fiscal de este mismo año se manifestó en contra de "una justicia digital inoperante" y de la limitación de los plazos de instrucción judicial y a favor de la "la objetividad y mérito en los nombramientos". Con 28 años de carrera y 25 de experiencia en la Audiencia Nacional, pasó previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y temporalmente por la Fiscalía Especial Antidroga.

En colaboración con Baltasar Garzón, Delgado tuvo un papel fundamental en la aplicación de la Justicia Universal en España y en la primera condena por crímenes de lesa humanidad, la impuesta al militar argentino Adolfo Scilingo.

También fue la fiscal que se opuso a entregar a Suiza del informático del HSBC Hervé Falciani, reclamado por robar datos que permitieron revelar la identidad de miles de presuntos evasores fiscales, y trabajó en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya en el equipo que investigó el régimen libio de Muamar el Gadafi.

Será la primera ministra de Justicia desde Margarita Mariscal de Gante (año 2000) y con su elección Sánchez recurre a la carrera fiscal como hizo en su momento José Luis Rodríguez Zapatero con Mariano Fernández Bermejo.

Entre sus desafíos más importantes al frente de la cartera están el de pacificar un sector soliviantado por su antecesor, Rafael Catalá, y el de elegir al nuevo fiscal general del Estado que dirigirá la acusación pública contra los dirigentes del proceso independentista catalán.

Bajo el paraguas del Ministerio de Justicia está también la Abogacía del Estado, personada como acusación en varias de las causas abiertas en torno al "procés" y responsable de las impugnaciones y recursos ante el Constitucional.

Delgado pasará también a presidir la Comisión general de codificación, órgano asesor en la preparación de leyes que trabaja dentro de su departamento y cuya sección penal empezó hace pocos días a estudiar posibles cambios en la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia en el caso de la Manada.