En la misma causa también están acusados por el mismo delito dos exasesores -su jefe de Gabinete y el asesor de Comercio en aquél momento-, aunque como cooperadores necesarios.

Tras recibir los escritos de acusación y de defensa remitidos por las partes, la jueza ha acordado elevar el expediente a la Audiencia, órgano competente para el enjuiciamiento, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La instructora abrió juicio oral el pasado mes de abril contra los tres acusados por las presuntas irregularidades en la contratación y facturación de servicios y trabajos desde la Concejalía de Comercio, vinculados a la Gala de Navidad y a la promoción de Mercados Municipales, cuando Echávarri era el edil responsable del área.

Una vez abierto el juicio oral, se dio plazo a las defensas para que presentaran sus escritos. Concluido este trámite, el juzgado ha enviado la causa al órgano competente para celebrar el juicio. Una vez recibida la causa en la Audiencia, se repartirá entre alguna de sus secciones que será la que fije la fecha para la celebración del juicio.

PETICIONES DE LAS ACUSACIONES

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, pide diez años de inhabilitación para cargo electo en un ayuntamiento para los tres acusados por prevaricación continuada en concepto de autor para Gabriel Echávarri y como cooperadores necesarios para sus dos asesores.

El ministerio fiscal considera que "efectivamente" hubo fraccionamiento de contratos "deliberado" y "reiterado" para "eludir" la normativa en contratación que exige "publicidad y concurrencia". Así, señala que debieron ser tramitadas mediante un concurso público y no por contrato menor.

Por su parte, el PP, que ejerce la acusación particular, solicita 12 años de inhabilitación para el exalcalde socialista, por un presunto delito continuado de prevaricación.

Además, reclama siete años de inhabilitación para sus entonces asesores por su condición de cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación en el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio en diciembre de 2016.

El PP argumenta en su acusación que con la utilización de contratos menores se vulneraron "las normas obviando los principios de transparencia, libre acceso y competencia de otras empresas que se vieron privadas de acudir a un procedimiento de contratación"; y que todo formó parte de un plan "preconcebido".