Según ha indicado la Junta de Andalucía en una nota, durante el desarrollo de la jornada se han abordado las responsabilidades de fabricantes, instaladores, mantenedores, propietarios y administradores en esta materia.

Carmona ha explicado que las jornadas se enmarcan en la responsabilidad de informar de la necesidad de adaptar las puertas automáticas en garajes a las directivas europeas de calidad "con el objetivo de asegurar las máximas garantías de seguridad a todos los usuarios y evitar que su instalación se vea afectada por sanciones administrativas y penales, y precintados en el caso de inspección por parte de las autoridades".

Es una acción más "de las muchas que realizamos dentro de nuestras competencias en el ámbito de la industria afectada por mucha normativa y que requiere mayor explicación ofreciendo apoyo y colaboración a aquellas empresas que lo necesiten", ha matizado el responsable de la Junta.

Las puertas automáticas 'pirata' sin marcado de la CE pueden acarrear problemas de seguridad y responsabilidades penales. La legislación de aplicación a Puertas Industriales, Comerciales, de Garaje y Portones, en vigor desde 2005 y modificada en julio de 2013, establece que todas estas instalaciones deben estar certificadas por técnicos autorizados y llevar su correspondiente marcado CE.

Como tantos otros productos que circulan en la comunidad europea, las puertas deben estar certificadas con acreditación de fabricante, tipo de puerta, prestaciones y certificado de ensayo, entre otras cuestiones. Desde 2005, este marcado es obligatorio.

Además de etiquetar cada puerta, el fabricante debe entregar al cliente una documentación consistente en una Declaración de Conformidad y un Manuel de Uso y Mantenimiento, así como un libro de Registro de Mantenimientos en el que queden reflejadas todas las operaciones realizadas, fechas y firmas o sellos de los profesionales que han realizado estas operaciones de mantenimiento. La certificación es exigible en la mayoría de modelos de puertas: puertas, portones, barreras manuales o motorizadas, puertas basculantes, batientes, correderas, plegables o seccionales.

Si una puerta no cuenta con certificación, se sitúa en un plano de ilegalidad, de forma que los daños o perjuicios que ocasiones pueden ser achacados por un juez a las personas responsables de su montaje, bien la Junta Directiva de la comunidad, su presidente o administradores, o su propietario o responsable de obra en el caso de que el inmueble no haya sido entregado. Además de estas responsabilidades penales y civiles, las multas pueden ascender hasta los 600.000 euros si es considerada como infracción muy grave.

El delegado de Empleo ha recomendado a todos los usuarios que adopten las medidas oportunas para modificar su instalación e incorporar todos los componentes y elementos establecidos en la normativa "para que su puerta pueda ser certificada en cumplimiento de todas las normas y directivas de aplicación".