El abogado defensor del director general de la CAM ha preguntado a su cliente por qué fue él el proponente en la Comisión de Retribuciones, a lo que López Abad ha respondido que "no sería coherente que fuera el presidente del Consejo de Administración de la CAM el que hiciera una propuesta que le afectaba".

Además, López Abad ha señalado que el propio Consejo de Administración "podría haber modificado la propuesta hecha" y que no lo hizo. De la misma manera, ha confirmado que el acta de la sesión pudo no estar completa.

"Además, se trató de un Consejo muy denso, ya que en él se abordaron, entre otras cuestiones, las futuras fusiones que se estaban planteando en el seno de la entidad", ha dicho.

BANCO DE ESPAÑA

A preguntas del letrado de la acusación popular, ha negado que la CAM creara mecanismos para escapar al control del Banco de España y tampoco ha aceptado que pudiera haber habido un conflicto de intereses entre las dos presidencias. Sí ha confirmado que tras la operación con Tinser, Crespo no mostró ninguna discrepancia ni reparo con las decisiones tomadas por él.

Y ha declinado contestar sobre si Crespo realizó alguna objeción al cobro del bonus de más de 5.600.000 euros, que cobró López Abad por los beneficios de 2010, teniendo en cuenta que éstas fueron falseadas, según una sentencia de la Audiencia Nacional.

Por su parte, las sucesivas preguntas de las 20 defensas han ido dirigidas a circunscribir la responsabilidad de estos a "entregado y conforme".

López Abad ha ratificado que el acta estaba desordenada y que no se leyó entera en el siguiente Consejo, "tan solo se aportó una pequeña reseña". Por último, ha reconocido que los consejeros no fueron informados con las 24 horas preceptivas.

El ministerio público le acusa de inductor y cooperador necesario y le pide cuatro años de prisión, lo mismo que solicita la acusación popular, y una multa de 400 euros diarios durante 10 meses.

En cuanto a los miembros de la Comisión de Retribuciones de la entidad, al promotor y exvicepresidente de la CAM, Antonio Gil-Terrón, al expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y al exministro socialista, Martín Sevilla, que se les acusa de autores, Fiscalía pide penas de tres años de prisión y una multa diaria de 300 euros durante nueve meses. La acusación popular, sin embargo, les eximen de responsabilidad.

Respecto al resto de los 16 miembros del Consejo de Administración, también autores, Fiscalía pide dos años de prisión y una multa diaria de 200 euros durante nueve meses.

El juicio continuará mañana 5 de junio con la declaración del resto de los acusados que se ampliará al 11 y 12 de este mes. El 13, 25 y 26 tendrán lugar las testificales y los días 27 de mayo y 2 y 3 de julio, las conclusiones.