Una ley para garantizar que el Canal Isabel II sea público

  • Ciudadanos impulsa una proposición de ley para evitar futuros intentos de privatización de la empresa.
  • La Comunidad ya paró el proceso en su momento.
Imagen del Canal de Isabel II.
Imagen del Canal de Isabel II.
EUROPA PRESS

El Canal de Isabel II, además de ser la empresa pública que suministra agua a la mayor parte de la comunidad de Madrid, se convirtió en la última década en una plataforma para crear redes clientelares, encontrar cargos donde colocar a conocidos y, presuntamente, apropiarse de fondos públicos.

El mayor ejemplo de ello es la investigación del caso Lezo: según el juez que investiga esta trama, el expresidente regional Ignacio González utilizó el Canal para enriquecerse. Y lo hizo en pleno intento de privatización de la empresa pública.

Finalmente, la Comunidad de Madrid, cuando estaba gobernada por Cristina Cifuentes, decidió dar marcha atrás al proceso de privatización del Canal, iniciado en 2008 por Esperanza Aguirre. El actual presidente, Ángel Garrido, tiene intención de continuar la política de su predecesora en lo relativo a esta empresa pública.

En cualquier caso, el grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea prevé reactivar esta semana una proposición de ley para "proteger el Canal de los futuros intentos de privatización, así como de aumentar la transparencia en su gestión para que no vuelvan a extenderse redes clientelares y de corrupción como la destapada en la operación Lezo", según fuentes de la formación naranja.

Un 51% de las acciones

La iniciativa contempla la inclusión de un artículo para blindar la titularidad pública de, al menos, el 51% de las acciones de la empresa. Además, esta ley obligaría a los directivos del Canal a pedir la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad y de la Asamblea para la creación o disolución de cualquier sociedad vinculada al Canal.

La proposición de ley que ahora quiere reactivar Ciudadanos  ya fue registrada en 2017 en la Asamblea, pero en aquella ocasión fue bloqueada por los parlamentarios autonómicos de PSOE y Podemos, lo que impidió que pudiera ponerse en marcha su tramitación.

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