El informe del expediente informativo sobre las presuntas irregularidades en el área de Contratación del Servicio Cántabro de Salud, denunciadas por la jefa de dicho área y por el PP, señala que podría haberse incurrido en un fraccionamiento "indebido" de contratos en la ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, cuyas obras se adjudicaron a tres empresas con "indicios de vinculación entre las mismas" pese a ser una unidad operativa o funcional.

Se trata de las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, que según ha denunciado el PP tienen entre sus administradores al hijo de un alcalde socialista, el de Suances. El informe señala que el encargado o jefe de obras y la empresa de contacto fueron en todo momento la misma en los tres casos.

También se adjudicó a estas tres empresas el pintado de varios centros de salud pese a que existía un contrato con Elecnor, y de igual manera, la persona de contacto resultó ser la misma durante la ejecución de los trabajos de pintura.

En este punto, el informe aprecia la necesidad de mejorar la planificación, así como la comunicación entre la Gerencia de Atención Primaria (GAP) del SCS y los propios centros de salud, y llama la atención sobre "la descoordinación evidenciada y la falta de seguimiento puntual de las obras de pintura desarrolladas".

Por otro lado, la compra de 22 ecógrafos para los centros de salud a las empresas Sakura y Esaote también podría evidenciar, según el informe, un supuesto de fraccionamiento de contratos. Al respecto, se apunta su "incorrecta tramitación administrativa", dado que "no se ha justificado debidamente" dicho fraccionamiento, y "deficiencias" en la contabilización del gasto.

Para el instructor, el procedimiento más adecuado "quizás debió ser" un procedimiento abierto con concurrencia pública de licitadores, y en su caso, "con establecimiento de lotes, atendiendo a las distintas características de los equipos a contratar".

EL INSTRUCTOR, EXGERENTE DEL SCS

El instructor del expediente encargado por la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista Luisa Real, ha sido José Alburquerque, quien fue director gerente del Servicio Cántabro de Salud durante el Gobierno de José Joaquín Martínez Sieso, del PP.

El instructor concluye el informe dejando constancia de la "deficiente" estructura del personal dependiente de la Subdirección de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS, con varios puestos sin cubrir y quizás no suficientemente desarrollada para el alto volumen de contratación y obra que se tramita en el SCS, lo que en ocasiones puede favorecer cierta desorganización administrativa a pesar del buen hacer, trabajo y dedicación de los empleados públicos que desarrollan sus funciones en dichas dependencias".

El instructor, que se entrevistó con la alta funcionaria que denunció irregularidades en un correo electrónico dirigido a la consejera en febrero y que vio la luz en abril, destaca una "reflexión relevante" de Inmaculada Rodríguez, sobre el "muy buen funcionamiento de las mesas de contratación".

Con carácter general, el informe señala que se ha constatado la ausencia de ciertos trámites necesarios y previos al pago de los servicios contratados, como son la comprobación de que los trabajos han sido efectivamente realizados y la constancia de una mínima justificación.

Se añade que la contratación de una asistencia técnica por parte del SCS para supuestos concretos, "no permite deducir que los mismos no se encuentren amparados por la legislación de contratos vigente en ese momento".

El informe constata varios ejemplos de obras que se recepcionaron antes de estar terminadas, en el caso del centro de salud El Alisal antes incluso de que empezaran, si bien se precisa que las obras "se encuentran ejecutadas atendiendo a los pliegos existentes y conforme a las previsiones facultativas y de seguimiento técnico efectuadas, así como ajustadas al uso y finalidad previstos".

Lo mismo ocurre en el caso de recepción de equipamientos en los

que si bien se ha constatado el efectivo suministro de los mismos, se utiliza un acta de comprobación de la inversión "ante el inminente cierre del ejercicio presupuestarios, para no perder el importe de la inversión adjudicada", un procedimiento que "no se adecúa a la normativa de contratacion".

El informe señala que aunque sea una práctica "habitual", este documento de naturaleza económico administrativa es "inadecuado" y que se precisa un acto formal de recepción del suministro.

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